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No puede aplazarse más la reforma a la Policía

Lo urgente, sin duda alguna, es el nombramiento del monitor, cargo para el que se considera al militar puertorriqueño retirado Arnaldo Claudio, quien ahora realiza funciones civiles de seguridad en Washington, D.C., y que ha enfrentado algunas críticas por su trasfondo en la milicia.

Sin embargo, lo más importante sigue siendo echar adelante la reforma de una institución asediada por las denuncias de violación de derechos civiles documentadas extensamente en la demanda federal transigida en julio de 2013.

No podemos restarle importancia al proceso de selección, que tropezó con la dimisión del primer escogido para el cargo, el alguacil federal Juan Mattos, cuatro meses después de su designación y sin que asumiera propiamente su función.

Pero, debemos confiar en que el juez federal Gustavo Gelpí otorgue en los próximos días su decreto de consentimiento para el nombramiento de Claudio, que es el nuevo candidato de consenso de los departamentos de Justicia de Estados Unidos y Puerto Rico. El acuerdo firmado el 17 de julio de 2013 entre el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia federal, Eric Holder, establece que cualquier nombramiento para el cargo requerirá el consentimiento del juez Gelpí, ante quien se rubricó.

Claudio, que habla español y quien se mudaría al País de ser confirmado monitor, tendría la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las exigencias que la Policía se comprometió a atender para que el Tribunal Federal accediera a la transacción negociada entre las partes.

Ese acuerdo se firmó hace 11 meses y lo cierto es que en la Policía, que ha tenido tres superintendentes en ese tiempo, no se han comenzado las reformas a las que está obligada.

Fue el propio juez Gelpí quien recordó el mes pasado a la Policía su compromiso con el acuerdo y le requirió entregar, no más tarde del 1 de agosto próximo, un informe en el que fije su posición en torno a 10 aspectos clave de la reforma propuesta.

Específicamente, la Policía, ahora bajo la dirección de José Caldero, deberá detallar su “postura exacta” sobre profesionalización del personal; uso de la fuerza por parte de sus agentes; técnicas de búsqueda y confiscaciones; reclutamiento, entrenamiento y supervisión de los policías, y la atención de querellas. Del mismo modo, la Policía tendrá que fijar por escrito su posición en cuanto a la protección equitativa de los ciudadanos, su compromiso con la comunidad y sus sistemas de información.

El informe solicitado por el juez Gelpí debe ser de gran ayuda para el nuevo monitor federal, así como para el propio Caldero, que fue confirmado hace un mes como superintendente, y entendemos que servirá para agilizar el proceso de los cambios profundos requeridos en la Policía para poner fin a los episodios de violación de derechos civiles que dieron pie tanto a la demanda de Justicia federal como a otra similar que presentó poco después la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU. por sus siglas en inglés).

Confiamos en que una vez resuelto el tema de quién será el monitor federal, que el juez Gelpí estableció deberá estar seleccionado para el 15 de junio, pasemos a lo verdaderamente importante que, como hemos planteado anteriormente, es el cumplimiento cabal y sin más demora de la reforma, que se estima implicará una inversión de unos $300 millones.

Eso sí, no se trata solamente de establecer nuevas normas y procedimientos, ni de introducir nuevos equipos y técnicas de última generación, sino de efectuar un cambio profundo, inequívoco y real en la forma de pensar y de actuar de los miembros de la segunda fuerza policíaca más grande en la jurisdicción de Estados Unidos.

Es hora ya de ponernos a ello.

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