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Nuevo marco laboral en beneficio de Puerto Rico

La implementación de la Ley del Empleador Único, diseñada para sumar un escalón en la tarea imprescindible de convertir el gobierno de Puerto Rico en una estructura pertinente, fiscalmente saludable y facilitadora de la creación de empleos, merece su espacio.

El estatuto provee, por un lado, para fortalecer áreas laborales públicas que sufren de verdadero rezago. Es el caso del pionero en acuñar esta modalidad laboral, el Departamento de Hacienda, que tiene ante sí la importante tarea de intensificar la fiscalización que contenga la evasión contributiva que enflaquece los recaudos.

Otro posible candidato es el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, cuyo retraso en las tasaciones y la optimización de registros, como el catastro de propiedades, se traduce en pérdidas millonarias para las arcas.

En ese sentido, es sensato que la puesta en marcha de la Ley del Empleador Único se inserte en el mapa de la reingeniería gubernamental, uno de los requisitos esenciales para el cuadre de los recursos fiscales gubernamentales.

Bien administrado, el nuevo marco legal laboral se ofrece, además, como oportunidad para fortalecer la actividad económica del sector privado. Esto incluye las alianzas público privadas como generadoras de inversión. La aspiración es liberar al Estado de la función insostenible de ser el principal patrono de Puerto Rico.

Salta a la vista que la puesta en vigor del estatuto sobre el empleador único enfrenta retos. El más evidente es la calidad de la comunicación del gobierno con la multitud de empleados públicos, unos temerosos al cambio, otros acostumbrados al inmovilismo y muchos sencillamente desinformados.

Es notable que hasta ahora, apenas 150 empleados, de los 115,000 que laboran en el gobierno, se han ofrecido voluntariamente para ser trasladados a las agencias que más los necesiten. Ocho serán reubicados para cumplir la encomienda crucial de poner freno a la evasión contributiva y reforzar las colecturías. El grupo se ha posicionado para rendir un servicio invaluable en el momento más crítico del país.

Los movimientos de trabajadores no pueden ser arbitrarios ni estrategia para la depuración ideológica. El proceso debe ser transparente y fundamentado en indicadores que apunten a la recuperación de Puerto Rico.

Es importante que los trabajadores conozcan en detalle el impacto de los cambios en sus quehaceres y condiciones. Y que el cambio les represente opción de progreso profesional.

Al mismo tiempo, no puede perderse de vista que la transición que comenzó ayer es una forma de salvar empleos. La crisis impone acciones inéditas y capacidad de adaptación a los cambios. Particularmente, demanda una transformación radical en la cultura del servicio público. Alcanzar los niveles de competitividad que Puerto Rico necesita exige una estructura de gobierno eficiente. También requiere una fuerza trabajadora dinámica y diligente con las nuevas demandas de servicio.

Elgobierno enfrenta el gran reto de acelerar su propio paso en la implementación de esta ley que representa un ahorro estimado de $48 millones anuales. Esto va de la mano de la reingeniería de la estructura pública, también parte vital del Plan Fiscal a 10 años.

El secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra Gutiérrez, gerente de la iniciativa, atribuye parte de los atrasos a la espera por las fusiones de agencias. La Legislatura analiza la consolidación de la sombrilla del Departamento de la Familia. Próximamente le tocará al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Mientras, ya se encamina la fusión de siete dependencias bajo el Departamento de Seguridad Pública.

El tiempo apremia para cumplir con el estimado del Plan Fiscal, de reducir el número de empleados en 1,800 plazas al año para 2022. Esperemos que la ejecución atinada del Empleador Único contribuya a esa meta.

Del equilibrio fiscal dependen la solución al endeudamiento y el desarrollo económico de Puerto Rico.

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