💬 0

Participación comunitaria para vecindarios seguros

El escenario de riesgo e inequidad que representa el hecho de que cerca de 200,000 estructuras ubican en zonas inundables es para Puerto Rico oportunidad y obligación. Es terreno fértil para encaminar un proyecto de justicia social que planifique y desarrolle comunidades seguras con la participación activa de su gente.

El programa de mitigación coordinado por la Junta de Planificación para atender a damnificados del huracán María en zonas inundables deja dudas sobre cuán sostenible es lo que procura.

El “Hazard Mitigation Grant Program”, administrado por la Agenda Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), está dirigido a propiciar que las reparaciones de las casas afectadas en zonas inundables incluyan mejoras que les protejan contra eventos futuros.

Cálculos de la Junta indican que, del estimado de 200,000 unidades en zona de riesgo, alrededor de 30,000 sufrieron daños de entre 30 y 70 por ciento. Los pagos de FEMA podrían alcanzar el 75 por ciento de los costos de mitigación. Dependerá de los cómputos establecidos y del informe de daños que surja de inspecciones individuales. Tocará a los residentes absorber la cantidad restante. La presidenta de la Junta, María Gordillo, sostuvo que las ayudas se distribuirán en forma de subsidio o préstamos, según la situación económica de cada familia.

Con una tercera parte de la isla sin luz y aún con intermitencias de conectividad, los ciudadanos tendrían que buscar en internet el estado de sus casos. Si se determina daño sustancial, deberán solicitar los permisos de construcción para hacer las mejoras de mitigación aprobadas. Una medida puede ser levantar la residencia a un segundo piso, como se requirió en Nueva York.

Ese tipo de criterios responde a la realidad en Estados Unidos, donde la mayoría de las viviendas son de madera. En la isla, muchas casas en zonas inundables son de concreto, lo que puede aumentar costos.

Los trámites descritos suponen el retraso de acciones que puedan proteger esas familias de eventos propios del trópico.

Desde enero -cuatro meses después del ciclón- hay entre 35 a 50 personas adiestradas bajo el programa federal para recopilar datos de las propiedades. No necesariamente están en la calle todo el tiempo. En los primeros diez días habían completado poco más del 3 por ciento de las 30,000 estructuras previstas por la Junta. Gordillo anticipa que en seis meses debe haber una gran cantidad de viviendas inspeccionadas. Para entonces, el Caribe estará ya, de nuevo, en temporada de huracanes.

Por lo expuesto, la Junta tiende a seguir la clásica ruta operacional, burocrática y unidireccional.

¿Seguirá el país inmerso en acciones que consumen tiempo y recursos para poner parches a los problemas, o aprenderemos del desastre sin precedentes que dejó el huracán María para construir, en alianzas, comunidades seguras?

Puerto Rico requiere innovación social. La historia y el presente de la isla exigen cambios de paradigmas. La Junta tiene la oportunidad de adoptar modelos integradores y participativos para la reconstrucción justa y sostenible de comunidades en riesgo.

Cuenta para ello con una amplia red de organizaciones y de líderes en cada comunidad. Ese activo, tantas veces subestimado y excluido de las decisiones fundamentales son, junto al sector privado, actores imprescindibles en la formulación de un Puerto Rico de vanguardia.

El país tiene un problema serio de desparrame urbano que, como evidenció el rastro ciclónico, dificulta las respuestas a los desastres. A las viviendas levantadas en zonas inundables, hay que sumar las estructuras vulnerables a vientos y derrumbes.

En la planificación tienen que considerarse factores que afectan algunas zonas, como el desarrollo indiscriminado, la deforestación o la falta de dragado de los embalses.

Planificar y desarrollar comunidades seguras representa una oportunidad sin precedentes para generar actividad económica en un marco de justicia y solidaridad. Para ello hay que contar con los propios residentes, lejos del lente paternalista que los asume como víctimas pasivas. Por derecho y deber tienen que ser copartícipes del desarrollo social y económico de su entorno.

💬Ver 0 comentarios