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Protección para todos los trabajadores de la salud

El plan de respuesta sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 en Puerto Rico debe incluir de forma prioritaria el suministro del adecuado equipo de protección para todos los profesionales de la salud. Este personal es clave para sostener la operación del sistema salubrista.

La Asociación de Hospitales ha señalado que al presente existen los abastos necesarios para manejar los casos reportados. Pero reconoce que, ante un aumento sustancial de pacientes con COVID-19, a largo plazo esos materiales podrían resultar insuficientes.

Los trabajadores de la salud que atienden a los ciudadanos con potenciales síntomas del virus, así como los que ya administran tratamientos a pacientes hospitalizados diagnosticados con el virus constituyen la primera línea de respuesta ante la emergencia. Esos recursos humanos tienen que estar bien protegidos para mantener elevadas las alternativas de salvar vidas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a las industrias que aumenten la producción de guantes, mascarillas, gafas de seguridad y batas para los profesionales salubristas y su personal de apoyo. La entidad ha estimado que, a nivel global, los equipos de respuesta a la pandemia necesitarán 89 millones de mascarillas y 76 millones de guantes al mes.

En Italia, la entidad internacional Médicos sin Fronteras, planteó que la insuficiencia de equipo de protección para profesionales de la salud ha sido un factor asociado al contagio de al menos 1,700 trabajadores, hasta la semana pasada.

La OMS, por su parte, ha observado que ciertos sectores industriales y comerciales han aumentado el costo de los materiales de protección. Además, ha condenado el acaparamiento innecesario de esos productos, así como su uso indebido. Hasta la semana pasada, la entidad distribuyó medio millón de estos equipos a 47 países, centrando la prioridad en naciones de Asia y Europa.

En Puerto Rico han surgido inquietudes de médicos, enfermeras y grupos sindicales que representan a profesionales de la salud sobre la esencial disponibilidad y uso de los citados materiales. Además de proteger físicamente a los trabajadores salubristas, su uso les brinda la tranquilidad emocional de que pueden desempeñar sin riesgos sus tareas de manejo de pacientes.

Ser proactivos sobre este asunto medular implica identificar fondos y encaminar sin dilación las órdenes de compra necesarias para disponer de los productos de protección sanitaria en hospitales, centros de salud y otras instalaciones que traten a pacientes.

En medio del enorme reto sanitario, Puerto Rico requiere prioridad fiscal que le permita llevar a cabo una respuesta ágil a la emergencia. El equipo de protección, las pruebas para la detección del virus, los medicamentos y respiradores para pacientes de alto riesgo son de alta prioridad. La Junta de Supervisión Fiscal anunció que autorizó el uso de $160 millones de la Reserva de Emergencia. Otros ajustes fiscales pueden considerarse de ser necesarios para contener la propagación del virus y salvar vidas.

La pandemia, por otro lado, pone de manifiesto nuevamente la escasez de médicos y otros profesionales de la salud en la isla. El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico calcula que, de 23,164 galenos con práctica aquí en 2015, quedaban 10,609 en 2018. La reducción es notable entre especialistas de enfermedades pulmonares, que se redujeron de 95 a 44 en ese periodo. Se ha reportado, además, una merma en la plantilla de enfermeras. Las autoridades estiman que al presente laboran en la isla solo 30,000. Hoy, el país tiene que tomar acción para evitar una disminución mayor de esta fuerza laboral vital.

Los profesionales de la salud han demostrado gran vocación y responsabilidad máxima ante el desafío de la propagación del COVID-19 en Puerto Rico. Protegerlos fortalecerá la respuesta puertorriqueña al desafío del COVID-19, junto con la responsabilidad y la solidaridad de toda la sociedad.

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