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Protección y alternativas para los adultos mayores

Las recomendaciones salubristas para proteger de forma especial a los adultos de mayor edad de la amenaza de la nueva cepa del coronavirus colocan a Puerto Rico, otra vez, de cara a la vulnerabilidad del sector que representa el 20 por ciento de nuestra población.

Al poner en vigor la política pública para elevar la calidad de vida de nuestros adultos mayores debemos considerar que se trata de un amplio segmento poblacional en el que coexisten diversas circunstancias de vida. Pero a muchos los unen la soledad y la pobreza.

En el plazo inmediato, corresponde a las familias tomar medidas puntuales que refuercen la salud de sus mayores. Atención particular requieren aquellos con condiciones respiratorias u otros padecimientos que los colocan en mayor riesgo de contagio de males infecciosos como el coronavirus.

Iniciativas similares pueden implantarse en égidas, centros de cuido prolongado, consultorios médicos y hospitales. A la misma vez, conviene que los vecindarios e instituciones del tercer sector reactiven sus misiones de asistencia a los ancianos que viven solos o en situación de pobreza.

Al menos desde 2018, cuando el Censo federal documentó que la población de personas mayores de 65 años igualó al segmento de menores de 18 años, la isla quedó emplazada a encaminar ajustes considerando el cambio demográfico.

La Ley 121 de agosto de 2019 se propone actualizar la política pública para los adultos mayores. Ello abarca el compromiso de promover servicios médicos adecuados, techo seguro, oportunidades de desarrollo, protección amplia contra la explotación financiera y el maltrato, mayor acceso a la justicia, ayuda económica, así como acciones contra barreras arquitectónicas y mejores opciones de movilidad.

Las autoridades sanitarias y la sociedad misma están emplazadas a cumplir estos objetivos para que las disposiciones del estatuto no sean letra muerta. Urge voluntad política y compromiso social.

La nueva ley expande la Carta de Derechos de 1986, recalcando los indicadores de salud y bienestar del envejecimiento activo, este último un concepto fundamental contemplado en los objetivos de la Organización Mundial de la Salud desde la década de 1990 para el disfrute digno de la vejez. Los indicadores son salud, alimentación y familia; trabajo; asistencia social; participación de procesos políticos y sociales; principios jurídicos o el disfrute de los derechos; y educación.

Aunque el estatuto es un paso de avance, existen rezagos notables por superar. Por ejemplo, preocupa la escasez de médicos, terapistas, gerontólogos y otros profesionales de la salud especializados en los adultos mayores. Otra limitación seria es la insuficiencia de centros de cuidado prolongado con recursos y personal para cubrir adecuadamente las necesidades de esta población. Los sectores salubristas gubernamental y privado están llamados a hacer posible la satisfacción de esas necesidades.

Aparte del reto salubrista, las denuncias de deficiencias en los servicios esenciales de muchos mayores de 65 años hacen claro que Puerto Rico necesita reforzar, en la práctica, su política pública en torno a esta población.

El plan del país en torno a los adultos mayores debe incluir también oportunidades de entrenamiento y empleo remunerado o voluntario para quienes puedan y quieran aportar su experiencia y talento en beneficio de la sociedad.

Mantenerse activo favorece la salud mental y física. Por eso, expertos en conducta humana y social enfatizan la importancia de que los mayores participen en dinámicas productivas con otros adultos o niños a los que pudieran brindar tutorías. Un sector de esta población expresa interés de aportar con sus conocimientos y esfuerzos a las comunidades. Se debe abrir la puerta a estas posibilidades.

La población de mayores de 65 años tiene que ser integrada sabiamente a las dinámicas familiares y comunitarias. El trato digno tiene que ser un componente indiscutible de la etapa de envejecimiento.

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