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Proteger a Puerto Rico de la batalla por la muralla

Nuestra isla se expone a sentir, en sus peores proporciones, el impacto de la intención presidencial con ampliar la muralla en la frontera sureña de Estados Unidos, si se cumpliesen las intenciones de desviar los fondos de la reconstrucción para esos fines desacertados.

El momento llama a todas las fuerzas civiles y políticas, en particular a los representantes y senadores federales que han proclamado su amistad con Puerto Rico. Les toca hacer valer su palabra con acciones claras que le pongan fin al tranque político que ha provocado el cierre parcial del gobierno por más de tres semanas.

La controversial muralla es símbolo físico y metafórico del fracaso de políticas sociales y económicas desiguales y represivas que mantienen a millones de personas al margen del desarrollo en nuestro hemisferio. También representa una ideología excluyente y deshumanizante.

El empecinamiento con que el presidente Donald Trump defiende su proyecto del muro en la frontera mexicana amenaza con crear una crisis humanitaria y económica en Estados Unidos y con empeorar la de la isla.

Ya el gobierno de Puerto Rico ha incurrido en gastos extraordinarios para mantener abiertos El Morro y el Castillo San Cristóbal. Y aunque la Cámara federal -con el voto de diez republicanos- recién aprobó reabrir los parques nacionales y pagar retroactivo a los empleados, el Senado echó la medida a un lado en el empeño por que se incluyan los $5,700 millones que el presidente reclama para la muralla.

Mientras, 800,000 empleados federales se quedaron sin cobrar su salario este viernes. De estos, 4,500 están en nuestra isla.

La continuación del tranque y, en consecuencia, del cierre parcial del gobierno federal pone en riesgo el acceso a servicios y amenaza a millones de empleados más, así como operaciones fundamentales, desde las cortes hasta el tráfico aéreo.

En la medida en que arrecia el tranque, las repercusiones aquí aumentan. Por un lado, menguaría la ya insuficiente vigilancia en nuestra región puesta a merced del narcotráfico y de la cruel trata humana. Las autoridades federales en la isla han confirmado que tienen poco control sobre nuestras fronteras, la más al sur de Estados Unidos sin que así lo reconozca.

Inquieta seriamente también la posibilidad de que la isla quede sin los fondos que necesita para la reconstrucción, tabla de salvación para una economía maltrecha por más de una década. La Casa Blanca contempla desviar las partidas destinadas a las zonas de desastre en pos de un muro que aísla cada vez más a una nación que ha sido meca de diversidad y libertades civiles.

Las ayudas comprometidas deben llegar a la isla, como a las otras jurisdicciones afectadas por los desastres de los últimos años. Urge que se imponga el sentido de justicia, en particular, entre la mayoría republicana en el Senado que tiene el poder de hacer valer el sistema de pesos y contrapesos anclado en la Constitución.

Numerosos puertorriqueños residentes en Estados Unidos pusieron su confianza en la palabra de republicanos como Rick Scott, exgobernador de Florida y nuevo senador, y de su colega Marcos Rubio, entre otros que conocieron de primera mano el drama humano que dejó el paso del huracán María por la isla.

A los favorecidos con el voto les corresponde ahora estar a la altura que les exige el desafío histórico. Más que el interés de una facción, la negativa a negociar atenta contra los derechos de millones de ciudadanos y socava las bases mismas de la democracia.

Ante la tensión generalizada derivada del absurdo al que han llegado las prácticas del populismo en Estados Unidos, es oportuno reflexionar sobre las fuerzas ideológicas que -como la que apuesta al muro- cierran y excluyen.

Si algo confirma esta difícil situación es que en la búsqueda del bien mayor todas las partes tienen que estar dispuestas a ceder.

Confiemos en que la sabiduría del sistema democrático prevalecerá.

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