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Proteger el caudal público del partidismo y del lucro

Puerto Rico no puede asumir como rutina las noticias de la presentación de cargos criminales como los que desde ayer pesan sobre el senador Abel Nazario.

Seamos claros: la decisión de las autoridades federales de acusar por segunda vez al senador de participar, siendo alcalde, en un esquema para defraudar el servicio público, coloca a nuestro pueblo de cara a una nueva posibilidad de sufrir las deficiencias del sistema de financiamiento de campañas. Esos defectos facilitan el desvío de recursos públicos hacia el bolsillo partidista o personal, en atropello del interés de la gente.

Es hora de que nuestras instituciones gubernamentales den los pasos que garanticen que los haberes públicos promuevan solo el bienestar ciudadano y el desarrollo del país. Los líderes, y las colectividades mediante las cuales resultaron electos, no pueden seguir ignorando el cúmulo de corrupción que se gesta en sus estructuras y se encumbra, magnifica y perpetúa en el gobierno.

Es responsabilidad de la clase política forjar un escudo infalible contra el uso de los bienes públicos para subvencionar campañas políticas o lucrar a aquellos que traicionan la confianza de los electores. Lo contrario es burlar las oportunidades del país de superar sus retos económicos y sociales, siendo la crisis fiscal, la pobreza y la criminalidad los más críticos.

A Nazario se le imputa utilizar dinero federal asignado al Municipio para pagar a personas que laboraron en su campaña para senador. Ese grupo, según la acusación, apoyó otras campañas proselitistas. El peso de la ley debe recaer sobre quienes hayan participado en dicho esquema.

Los actos que las autoridades federales atribuyen a Nazario deslucen gravemente tanto a su partido político como al Municipio de Yauco y al Senado. El esquema de empleados fantasmas imputado habría ocurrido cuando Nazario era alcalde y aspiraba a senador.

Esta vez, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó una querella ética contra Nazario luego que este último rechazara renunciar. Cuando Nazario fue acusado en 2018 de presuntos delitos relacionados con la nómina de Yauco, Rivera Schatz lamentó el arresto, pero elogió al senador.

Los arrestos de ayer se suman a otros eventos recientes que laceran la confianza pública, en este caso de la legislatura. En el Senado, dos contratistas se declararon culpables ante el Tribunal Federal por delitos que incluyen la conspiración para cometer fraude electrónico. En ese cuerpo legislativo, el exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, Ángel Figueroa, aceptó culpabilidad por el esquema, que incluyó facturas falsas para el desembolso de fondos públicos por labores no realizadas.

A la lista se añade la salida del representante Guillermo Miranda, implicado en actos de aparente extorsión a una empleada para procurar fondos para su campaña. Se ha denunciado, además, las contrataciones a empresas relacionadas con el superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz, en agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, cuya titular, Tania Vázquez, dimitió en medio de una pesquisa federal.

Las medidas correctivas contra la corrupción deben incluir la obligación de restituir los fondos públicos desviados ilegalmente.

No es tiempo de reacciones tímidas. Corresponde a los líderes gubernamentales, incluidos los alcaldes y los legisladores, demostrar el uso honesto de los fondos públicos. El país reclama medidas que desalienten todo fraude gubernamental. Es preciso frenar la corrupción que empaña la imagen puertorriqueña, limitando la asignación y distribución de fondos federales a Puerto Rico.

Es conveniente estudiar modelos que regulan las inversiones de campañas proselitistas, a fin de evitar la entrada al gobierno de políticos con interés en lucrarse, en detrimento de un gobierno limpio. Enmendar la ley sobre el financiamiento de campañas, en el marco de los márgenes constitucionales, es tarea imprescindible.

Será crucial, además, que los ciudadanos reconozcan que este problema lacera la sana administración gubernamental. Convertir al gobierno de Puerto Rico en modelo de servicio público es una meta por la que todos debemos trabajar.

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