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Proteger los derechos de pacientes con VIH o sida

Las autoridades públicas en Puerto Rico tienen el deber de fortalecer las protecciones a los derechos de todo paciente. Por eso, la iniciativa dirigida a la articulación de una nueva Carta de Derechos para las Personas Diagnosticadas con VIH o sida, es un paso hacia el trato justo a esta población que aún experimenta discrimen y restricciones a sus derechos.

La medida busca actualizar las disposiciones de un pliego de derechos vigente, que data de 2000. Persigue atemperarlo a las nuevas condiciones provistas por los avances de la ciencia a estas personas que hoy pueden disfrutar de más salud y mejor calidad de vida.

Entre las disposiciones añadidas, la Carta prohíbe solicitar pruebas de diagnóstico de VIH como condición para conceder créditos de vivienda o alquiler. También establece que, bajo ninguna circunstancia, la reducción de capacidad de una persona con VIH puede ser motivo para la terminación de su trabajo. Por el contrario, el patrono debe ofrecer acomodo razonable para que la persona prosiga su tratamiento y seguimiento médico.

El proyecto le impone al Departamento de Salud gestionar el acceso y la disponibilidad de medicamentos aprobados en un periodo no mayor de 90 días. Le encomienda velar porque hospitales y otras entidades salubristas provean servicios y tratamientos adecuados a estos pacientes.

El documento expone como motivo para el nuevo estatuto, que estas personas son vulnerables por los estigmas asociados al VIH, lo que obliga a acentuar los derechos constitucionales. Reconoce que las personas y el propio Estado “tomamos decisiones basadas en prejuicios sociales, morales, religiosos o económicos” que provocan un trato desigual hacia las personas con VIH o sida. Entre las consecuencias de ese trato injusto, el proyecto menciona la pérdida de empleo, el rechazo y la depresión de los pacientes.

Durante años, grupos defensores de los derechos de esta población han denunciado demoras y obstáculos en la prestación de servicios y en el acceso expedito a medicamentos determinantes para tener una vida más larga y productiva.

Desde su descubrimiento en la década de 1980, el sida ha cobrado más de 28,000 vidas en Puerto Rico y millones más en el mundo. Según datos del Departamento de Salud, para julio de 2017, en la isla vivían 20,211 personas afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, 11,311 de ellas con sida. La mayoría de estas radicaban en las áreas de San Juan, Bayamón, Ponce y Caguas.

Las mujeres heterosexuales constituyen el grupo con mayor incidencia de contagios con el virus. A julio de 2017, el 67% de los nuevos casos reportados fueron mujeres que se contagiaron por medio de relaciones heterosexuales. La otra categoría con mayor riesgo de contagio eran hombres usuarios de drogas intravenosas.

Entre las recomendaciones para prevenir, expertos y pacientes han recalcado la necesidad de contar con una política coherente que atienda de forma integrada y salubrista asuntosasociados, como el trato a los usuarios de drogas inyectables.

Mientras se gana conciencia y voluntad para atender esa necesidad, la Carta busca asignar al Departamento de Salud la responsabilidad de educar sobre los derechos a profesionales de la salud, así como a los pacientes. Pero dicha agencia tiene, además, la responsabilidad de orientar a toda la población, desde los adolescentes, sobre las causas y consecuencias del VIH.

La Carta, contenida en el Proyecto senatorial 771, pasa ahora a la evaluación de la Cámara de Representantes. Confiamos en que el proyecto, aprobado por unanimidad en el alto cuerpo, se convierta en ley.

Derribar mitos y conocer derechos y obligaciones, permite ofrecer servicios y solidaridad a estos pacientes, con respeto y dignidad.

La mejor educación es la que apodera, sensibiliza y acerca. Educar para asegurar derechos y calidad de vida a todos los ciudadanos fortalece a Puerto Rico.

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