💬 0

Protejamos los incentivos de la energía renovable

La voz de alarma que ha surgido con respecto al golpe que podrían sufrir las leyes que promueven el uso de energía renovable en Puerto Rico, debido a los cargos adicionales que se les cobrarían a los ciudadanos que invierten en sistemas alternos, evidencia un disloque de prioridades y una política en vergonzoso retroceso que el País no debe permitir.

Representantes de empresas dedicadas a la energía renovable coinciden en que ciertas disposiciones del proyecto de ley que busca revitalizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) podrían inutilizar estatutos como la Ley 114 de 2007, que en la práctica concede créditos por la electricidad generada mediante sistemas de generación solar, eólica o cualquier otra fuente de energía sustentable.

Perjudicaría, además, los principios en que se basa la Ley 82 de 2010, que fomenta la producción de la también llamada energía verde conforme a metas compulsorias a corto, mediano y largo plazo. Con esas leyes se le ha estado dando forma a una nueva política de generación de energía que dependa menos de los combustibles fósiles. Ha ido a paso lento, pero con el apoyo de jóvenes emprendedores que han estado apostando a un nuevo tipo de industria, más acorde con nuestra realidad ambiental.

En la actualidad, la producción de energía mediante fuentes renovables en Puerto Rico es de menos del 2%, muy por debajo de aquellas metas que se trazaron en el texto de las leyes mencionadas, y que proponían que ese porcentaje de uso de energía ecoamigable fuera del 12% desde ahora hasta 2019, y del 15% en 2020 hasta 2027.

Reforzar el uso de combustibles fósiles —como el petróleo, el gas natural o el carbón—, mediante la táctica de encarecer y así desalentar la producción de energía renovable, nos pondrá en ruta de colisión con las políticas que se están propulsando a nivel mundial. Esto ha quedado patente en las jornadas celebradas como parte de la Cumbre del Clima en París.

Los trascendentales discursos pronunciados por los dirigentes de países que anteriormente se mostraban reacios a medidas de control de emisiones de gases y a la transformación energética, indican que la percepción del cambio climático se ha transformado, y que los desastres naturales que han ocurrido en las últimas décadas, producto en muchos casos del calentamiento global, han llevado a las principales potencias mundiales a plantearse un pacto de connotaciones fuertes, como el que se cuajó en esa Cumbre del Clima.

Cuando los presidentes de las dos naciones que emiten mayor cantidad de gases contaminantes, Xi Jinping, de China, con el 25% de la emisiones mundiales, y Barack Obama, de los Estados Unidos, con el 15%, se unen al resto de los 148 jefes de Estado presentes en la cumbre para declarar que la energía verde es el único futuro posible, es que los indicios de una catástrofe son irrebatibles.

Dentro de ese panorama y esos esfuerzos, ¿cómo espera insertarse Puerto Rico y con qué clase de política energética? No hay que ser muy suspicaz para predecir que los compromisos a los cuales llegue el gobierno estadounidense junto a otros países, para controlar el uso de combustibles fósiles y con ello las emisiones de dióxido de carbono, se tendrán que aplicar aquí en forma de leyes federales.

Si a nivel local se revierten los procesos iniciados para reducir nuestra enorme dependencia del petróleo, habrá una confrontación con las políticas que eventualmente adopten los Estados Unidos.

Todo eso hay que ponerlo en perspectiva desde ahora, antes de echarle tierra a los pasos de avance que se han dado. Los incentivos para producir energía renovable –que no chocan con los planes de revitalizar la AEE- deben permanecer, y la política pública al respecto no debe, ni puede, retroceder.

💬Ver 0 comentarios