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Prueba crucial para las instituciones democráticas

Por tercera vez en su historia, el sistema de gobierno de Estados Unidos es sometido al crisol de un juicio político contra un presidente. Convertidos en jurados, los senadores federales tienen, a partir de hoy, la misión de probar la eficacia, fortaleza y credibilidad de sus instituciones democráticas.

El Senado de Estados Unidos tiene ante su consideración dos cargos sometidos por la Cámara de Representantes para que pase juicio sobre las acciones atribuidas al cuadragésimo quinto presidente. La Cámara imputa a Donald J. Trump abuso del poder presidencial y obstrucción de la investigación del Congreso sobre presiones a Ucrania para su beneficio electoral. Con objetividad y apego a la Constitución, el alto cuerpo tiene la responsabilidad de dar paso al proceso para aquilatar la prueba y determinar si el presidente debe ser depuesto.

En medio de múltiples retos domésticos e internacionales, que no cesarán en las semanas que dure el proceso, la atención de sus ciudadanos y del mundo se centrará en el desempeño de la alta cámara congresional.

El juicio ocurre en el umbral del año eleccionario, a semanas del inicio de las primarias demócratas para la nominación presidencial. De los precandidatos aún en carrera, cuatro son senadores que, investidos ahora de jurados, tendrán que poner sus campañas en pausa para honrar su juramento congresional. A todos los observa una nación marcadamente dividida, política y socialmente.

En el plano internacional, Estados Unidos enfrenta una escalada de las tensiones en Oriente Medio luego del ataque ordenado por Trump contra la segunda figura en mando de Irán. Al menos la guerra comercial con China quedó en pausa tras la firma ayer de un primer acuerdo. Mientras, Corea del Norte mantiene la retórica desafiante sobre sus ambiciones nucleares.

Dichas condiciones elevan el nivel de rigor y el tono con el que los cuerpos legislativos deberían conducir el juicio político. La estabilidad y el liderato de Estados Unidos como referente de los valores democráticos están a prueba.

De entrada, las señales apuntan a la agudización de las asperezas partidistas. El antagonismo político marcó ayer el debate y votación en la Cámara que dio pie a la designación de los siete representantes que harán la función de fiscales en el juicio.

Trump reclama su absolución inmediata. El presidente del Senado, Mitch McConnell, se ha expresado a su favor. Trasciende, sin embargo, que senadores de la mayoría republicana han pedido espacio para ponderar la prueba recopilada por la Cámara. Se necesitarán cuatro republicanos para detener cualquier resolución que proponga prescindir del juicio y desestimar los cargos.

La prioridad de todos los senadores, republicanos y demócratas, debe ser anteponer, a cualquier preferencia, la credibilidad de la institución presidencial y del sistema democrático de pesos y contrapesos.

El proceso de residenciamiento es un mecanismo dispuesto por la Constitución para regular el balance de poderes. Por ello, por orden constitucional, al Senado le corresponde asumir la función de jurado y al juez presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dirigir el juicio. En su análisis sobre las evidencias y testimonios que se presenten, los senadores deben demostrar su arraigo y compromiso irrevocable con los principios esbozados por su Carta Magna. También sobre los constituyentes pesa la responsabilidad de exigir a sus senadores que cumplan con dicho deber.

La Cámara ha planteado que la conducta que adjudica al presidente pone en riesgo la integridad del proceso electoral de noviembre y la seguridad nacional. Trump lo ha rechazado. No obstante, rehúsa permitir que sus oficiales en la Casa Blanca cooperen con el proceso con documentos y testimonios. Por el bien de la nación, debería hacerlo.

Estados Unidos necesita atravesar el histórico proceso con diligencia, transparencia y unidad para que aflore la verdad. A partir de hoy, los senadores federales tienen la tarea histórica de ejercer y modelar análisis crítico, respeto, sosiego y capacidad para deliberar en aras de fortalecer su institucionalidad.

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