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Puerto Rico necesita un cabotaje menos oneroso

Los nuevos estudios que apuntan a un alto costo de las normas de cabotaje sobre los puertorriqueños deben ser parte del análisis que acompañe el reclamo de exención a Puerto Rico, al menos parcial, de dichas regulaciones federales en estos tiempos de reconstrucción.

Los análisis, comisionados por diversas organizaciones, en su mayoría de la industria de alimentos, sostienen que la Ley Jones resta competitividad y empleos a Puerto Rico. El sector naviero los refuta. Se impone un análisis ponderado de los datos disponibles. Contar con evidencia clara fortalece cualquier esfuerzo en Washington para abrir oportunidades de desarrollo.

Además de análisis, Puerto Rico necesita un frente común con la diáspora y empresas usuarias del transporte marítimo para abogar por las condiciones más favorables.

Los estudios sostienen que las leyes de cabotaje encarecen el costo de vida de los puertorriqueños. Uno concluye que suben por más del doble los costos marítimos y aumentan en $1,000 millones los precios de los productos. Ello equivale a un impuesto de 7.2% —cerca de $300 por hogar, cada año— que los puertorriqueños —la mitad en pobreza— pagan de más por alimentos y bebidas.

Al rechazar los resultados, los navieros defienden el modelo cerrado de servicio. Aducen que la ruta sin paradas entre Florida y Puerto Rico ofrece agilidad y seguridad a la cadena perecedera.

Entre visiones encontradas se impone la transparencia. Uno de los estudios recomienda al gobierno estatal ordenar la divulgación de los costos de transporte marítimo, como en otros puertos. Así se les requiere, por ejemplo, a mayoristas de gasolina, bancos y aseguradoras, como parte del principio de libre competencia que sostiene a Estados Unidos.

Contrario a ese precepto, la llamada Ley de Cabotaje o Ley Jones, de 1920, impone utilizar barcos, bandera y tripulación estadounidenses —más costosos— para el transporte de mercancía entre puertos de Estados Unidos. Su origen se basó, por un lado, en consideraciones de seguridad nacional ajenas a los desafíos de defensa actuales. Por el otro, respondió al interés de desarrollar la marina mercante para expandir el comercio doméstico y exterior de Estados Unidos. Puerto Rico es el único territorio plenamente sujeto a las disposiciones del estatuto. Las Islas Vírgenes estadounidenses están exentas.

Según uno de los nuevos estudios, preparado por la empresa local Advantage Business Consulting, durante la crisis asociada al huracán María, en 2017, la necesidad de transporte relacionado a la emergencia redujo significativamente los espacios disponibles para las cargas regulares. Las repercusiones trascienden la isla, que importa más del 80% de sus alimentos. Aquí se producen equipos médicos y medicamentos para el mundo.

Otras dificultades atribuidas al uso exclusivo de las navieras estadounidenses han aflorado antes. Ejecutivos de empresas importadoras revelaron, para el estudio, que el hundimiento del navío El Faro, en octubre de 2015, provocó retos logísticos prologados hasta dos meses después de la tragedia.

El otro estudio, preparado por la firma John Dunham and Associates, de Nueva York, expone que, desde donde se mire, la Ley Jones contribuye a la pobre situación económica de la isla: representa $586.9 millones más en costos de transportación, $1,100 millones más en precios y hasta 13,250 empleos menos.

Semejante escenario constituye un peso injusto para una isla en crisis económica agravada por la catástrofe reciente.

El estudio de Advantage recomienda como primera opción eliminar la ley o, como alternativa, eximir a la isla por cinco años. El año pasado, el gobierno solicitó eximir de la ley al transporte de gas natural, recurso clave del plan energético. Entonces estimó que, en diez años, la medida ahorraría $800 millones solo en importes por esos traslados.

Numerosas entidades de prestigio en la nación rechazan la permanencia de la Ley Jones. En Hawái, Alaska y el noreste continental se promueve enmendarla. Las fuerzas deben consolidarse para intensificar la presión política en Washington hasta que se tome acción efectiva. Deben prevalecer las condiciones menos onerosas para ciudadanos y empresas, tanto en los estados como en Puerto Rico.

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