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Racionalidad fiscal para la misión educativa del país

El Departamento de Educación ha presentado un plan fiscal que provee racionalidad a la inversión pública al visualizar la estrechez fiscal y la merma poblacional como escenarios para colocar al estudiante en el centro de la gestión educativa.

Con los nuevos parámetros que apoyan la hoja de ruta educativa por los próximos cinco años, la agencia apuesta a la adopción de un cuerpo de indicadores que permitirá guiar la distribución de su presupuesto y evaluar su desempeño.

Así la secretaria Julia Keleher ha emprendido un esfuerzo titánico para repeler el caótico proceder que por años ha desviado hacia la deficiencia el presupuesto de sobre $2,500 millones anuales.

Es importante que la planificación fiscal se traduzca en un mejor aprendizaje. Y que el desempeño escolar se pueda medir de modo confiable para que las autoridades coloquen los recursos donde realmente hacen falta.

Existe un inquietante abismo entre los resultados que arrojan las pruebas estandarizadas de aprovechamiento y las notas de los estudiantes producto de la actividad escolar, de acuerdo con la entidad Abre Puerto Rico. Su análisis arrojó, por ejemplo, que mientras la mitad de los estudiantes en 158 escuelas pasó el undécimo grado con notas de A y B, en tan solo 28 escuelas la mitad del alumnado pasó las pruebas META.

Esta disparidad es uno de los problemas que enfrenta Educación y no solo por las asignaciones de fondos federales atadas a los resultados. Es indiscutible que sin datos confiables se dificulta la planificación y la ejecución de planes. Pero el asunto medular es evitar que se tronche la capacidad de formar ciudadanos preparados para la vida en sociedad, el trabajo y la construcción del nuevo Puerto Rico.

Los lastimosos resultados de las pruebas, la deserción escolar, el pobre estado de los planteles y la falta de materiales educativos dan cuenta de un sistema que ha fallado en su misión. Hay que reconocer que tales deficiencias no son necesariamente atribuibles a la cuantía presupuestaria, que este año asciende a $2,584 millones. En términos estrictamente matemáticos, la agencia cuenta con recursos que se traducen en un maestro por cada once estudiantes. De modo que hay que poner la mira en los enfoques y la distribución de los recursos en la búsqueda de la excelencia.

El plan presentado ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal parte de dos realidades contundentes. Una es la reducción en la matrícula, proyectada en nueve por ciento, que deriva de la merma poblacional. La otra es la reducción anticipada de $303 millones en los próximos presupuestos.

La fórmula plasmada en el documento fiscal deja solo un 20 por ciento de los fondos para funciones administrativas. El resto debe ir a fortalecer el proceso educativo.

Es menester que los ahorros que surjan del plan provean para mejorar las escuelas y dotarlas con programas académicos de avanzada. Destinar más recursos al salón de clases y revisar el rezagado salario magisterial son otros dos asuntos importantes. Es preciso integrar a los padres y la comunidad al proceso educativo, y estimular la retención escolar. El plan debe apoyar estas metas.

La reestructuración contemplada supone el cierre de 305 escuelas y $136 millones en nómina. Incluye la acertada novedad de analizar la cantidad de dinero que se debe invertir por estudiante, así como el número deseable de alumnos por plantel.

El resultado del ajuste en las premisas es un sistema más pequeño, con 805 escuelas y una estructura administrativa más funcional.

Como todos los planes ante la junta supervisora de las finanzas públicas de la isla, este será objeto de observaciones y se identificarán espacios para mejorar. Hace falta un respaldo amplio de los poderes públicos, las instituciones gubernamentales y las mismas comunidades escolares para sentar los fundamentos de un sistema renovado, ajustado a las necesidades y a las posibilidades presupuestarias.

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