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Reclamo de incentivos con cumplimiento fiscal

La agenda de Puerto Rico en Washington esta semana se perfila como una muy buena oportunidad para presentar ante el gobierno de los Estados Unidos, tanto las necesidades isleñas que requieren asistencia, como la conciencia de las responsabilidades que tienen que acompañar la administración de las ayudas federales.

EDITORIAL: Reclamo de incentivos con cumplimiento fiscal

Por un lado, las audiencias del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado brindan al gobernador Ricardo Rosselló y al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, el foro público idóneo para presentar la magnitud del daño que causó el huracán María a la red eléctrica de Puerto Rico y la urgencia de procurar su total reconstrucción.

La vista de este comité, que tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico, fue convocada con el propósito de recibir un insumo financiero y transparente de los esfuerzos de recuperación realizados en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Por eso, el retrato de la precariedad energética de la isla que se presente ante el Congreso tiene que ir acompañado de un rendimiento de cuentas total por parte de las autoridades isleñas en torno al manejo de los fondos hasta el presente, y de garantías de sana administración pública.

Las dudas en torno a los términos económicos de los contratos con Whitefish Energy Holdings y Cobra Adquisitions, y su desempeño, que puedan tener los senadores estadounidenses, deben ser aclaradas convincentemente. Estos acuerdos para reparar la red eléctrica fueron formalizados inicialmente por un total de $500 millones.

Las audiencias del Senado y la segunda que celebra la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, ambas pautadas para hoy, brindan el escenario para probar que mediante un financiamiento adecuado, ya sea con fondos o garantías federales, Puerto Rico podrá estabilizarse y encaminar su recuperación física y económica.

En ese sentido, destacamos el esfuerzo del gobernador Rosselló para lograr una nueva asignación de asistencia de emergencia para la isla en el paquete de ayuda a los estados y territorios afectados por los huracanes Irma y María.

El mandatario ha estimado que los costos de reconstrucción de la infraestructura ascienden a $94,000 millones, cifra ya solicitada en Washington. El gobierno federal ha aprobado una línea de crédito de $4,700 millones para dar liquidez al gobierno insular hasta febrero próximo. Se espera que en el curso de esta semana, el Congreso dé paso a una nueva resolución de asignaciones suplementarias que incluya partidas más amplias para Puerto Rico.

Por otra parte, la delegación bipartita compuesta por Rosselló y el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, se encuentra en Washington D.C. adelantando la misión crucial de conseguir trato justo para la isla en el proyecto de reforma contributiva que se discute en la capital federal.

Estamos convencidos de que un arbitrio de veinte por ciento sobre los productos fabricados o terminados aquí por subsidiarias de empresas estadounidenses, asestaría un golpe letal a la actividad manufacturera en la isla. Este sector allega al gobierno cerca del treinta por ciento de sus ingresos y, al ser intensivo en el uso de mano de obra, también es una fuente importante de empleo.

La propuesta fiscal del Senado estadounidense, una tasa de 12.5 por ciento sobre las patentes, marcas o tecnología que usen en la isla las subsidiarias de empresas norteamericanas, también constituiría un retraso en el nivel de competitividad de Puerto Rico, al convertirlo en una plaza de difícil inversión manufacturera.

Sin duda, la agenda que Puerto Rico lleva a Washington esta semana cobra la mayor importancia. Queda en manos del liderato del país hacer la mejor representación de nuestro pueblo. Esperamos que los miembros del Congreso reciproquen con la debida acción.

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