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Recobro retroactivo afecta la credibilidad del país

La Junta de Supervisión Fiscal tiene la responsabilidad de comunicar, de forma clara, la estrategia que sostendría la demanda de recobro retroactivo que pesa sobre cientos de suplidores que prestaron servicios al gobierno de Puerto Rico, previo al establecimiento del proceso de reestructuración de deuda bajo la Ley Promesa.

La incertidumbre en torno a la reclamación que impacta a cerca de 320 entidades privadas, conduce a la percepción de que se trata de una acción arbitraria que amenaza la actividad económica y atenta contra la credibilidad del país.

La demanda ha sido presentada por el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) y el Comité de Reclamaciones Especiales (CRE) de la Junta supervisora.

A los proveedores se les solicita la devolución de lo cobrado por servicios que rindieron dentro de cuatro años y 90 días previos a decretarse la insolvencia del gobierno. La severidad de tal reclamo se agudiza con la deficiencia comunicativa de la Junta, una de las críticas principales que se le hacen al ente fiscal.

El plazo de cuatro años seleccionado por los demandantes como periodo de negocios sujeto a recobro inquieta, con toda razón, a un amplio sector. Ese lapso, distante del momento en que se decretó la quiebra gubernamental, se suma a otros criterios del reclamo que expertos reconocen no han sido explicados debidamente.

Esta gestión agresiva contra el sector empresarial y el tercer sector, los que incluyen a pequeños, medianos y grandes contratistas, es una grave distracción del proceso para estabilizar las finanzas públicas y reestructurar las obligaciones del gobierno de Puerto Rico. Pudiera acarrear, además, litigios costosos que requerirían la contratación de abogados financiados, con fondos públicos o los de profesionales o entidades privados emplazados.

Los posibles afectados incluyen, por ejemplo, a terapistas que han atendido a miles de estudiantes con necesidades especiales, y a transportistas que facilitan la asistencia a la escuela de alumnos de escasos recursos. También figuran consultorios médicos que atienden a miles de indigentes cobijados por el plan de salud gubernamental; pequeños y medianos empresarios que brindaron servicios de educación y salud; y a profesionales que por décadas han sido contratistas bona fide. Hay también compañías de servicios que subcontratan a profesionales, lo cual se traduce en ahorros para el gobierno y, en muchos casos, en reducción de ganancias para el contratista.

Para profesionales individuales y entidades pequeñas, reembolsar lo devengado por el trabajo realizado colocaría sus finanzas en precario. Es posible incluso que muchos no tuviesen la capacidad para hacer reembolso.

Se ha informado que la demanda perseguiría impugnar pagos derivados de contratos de servicios no registrados ante la Oficina del Contralor. Se puede constatar la legitimidad de los desembolsos mediante salvaguardas de los acuerdos firmados con el gobierno. Estos contratos deben identificar cuentas para hacer los pagos, entre otros mecanismos de rendición de cuentas. En el caso de pagos realizados por trabajos debidamente realizados, sería improcedente un reembolso.

La alternativa de mediación anunciada por la Junta para dilucidar estas reclamaciones pudiera ser un espacio de revisión ponderada para aclarar si existen discrepancias en pagos a suplidores. Aunque la opción de mediación mantiene un impacto fiscal para los demandados, se proyecta como menos onerosa que un proceso judicial.

Sin embargo, la demanda no deja de enviar un mensaje desalentador al sector inversionista, al alejarse del objetivo principal de la reestructuración de deudas que atiende el Tribunal Federal bajo la Ley Promesa. De cara al futuro, el camino propicio debe ser afinar controles que garanticen pagos uniformes por tipos de servicio, con acuerdos debidamente registrados ante la Oficina del Contralor.

El proceso para el equilibrio fiscal y la reestructuración de las obligaciones tiene que contribuir a estimular la inversión. No puede olvidarse que parte fundamental para el desarrollo del país es incentivar el clima para hacer negocios.

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