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Reestructurar para resolver la insolvencia municipal

Los gobiernos municipales están llamados a emprender con urgencia la revisión de los modelos de financiamiento y de operación municipal, para que respondan a su propia realidad fiscal y a la del gobierno de Puerto Rico.

Las propuestas de reorganización municipal que están sobre la mesa merecen la más seria consideración, ante el cúmulo de déficits presupuestarios de la mayoría de los ayuntamientos y la merma de las aportaciones del gobierno central a las arcas municipales. El cuadro fiscal de muchos municipios se ha agravado debido a los ajustes de las finanzas públicas.

Problemas de fondo, como el déficit municipal consolidado de $260 millones, han revivido la discusión en torno a las mejores opciones para reestructurar los modelos de financiamiento y de operación municipal.

Entre las alternativas figura la consolidación de los municipios para formar unidades más grandes, lo que los alcaldes de ambos partidos políticos han rechazado con vehemencia. Una de las preocupaciones de los ejecutivos municipales es que la reagrupación elimine municipios, que hoy suman 78. Algunos argumentan que la reestructuración mediante la consolidación se traduciría en trato desigual para los residentes de los pueblos pequeños que resulten consolidados.

Otra propuesta es la fusión de algunas de las funciones de los municipios bajo el concepto de regiones. El modelo permite combinar recursos para ofrecer servicios, sin alterar la estructura del municipio como unidad política y gubernamental separada. Bajo este formato operan varios consorcios creados para la otorgación de permisos y el mantenimiento de las carreteras.

La creación de condados fiscalmente independientes similares a los de Estados Unidos, es la alternativa que impulsa del gobernador Ricardo Rosselló ante la dificultad de muchos ayuntamientos de ejecutar funciones esenciales sin la intervención del gobierno estatal.

Un argumento a favor de la reorganización mediante condados es que resultaría en ahorros para los municipios y en mejoras a la calidad de sus servicios, mediante la regionalización. Además, los condados tendrían mayores niveles de autonomía y herramientas para generar ingresos propios.

La eliminación en dos años del subsidio del gobierno central, que restará $300 millones a las arcas municipales, y la ausencia del Banco Gubernamental de Fomento como instrumento prestatario ha agudizado la estrechez fiscal de muchos municipios.

La solvencia de los ayuntamientos también ha sido impactada por las directrices de ajustes financieros dispuestas en el plan fiscal para el gobierno central, el cual persigue el cuadre de la caja pública, como parte del esfuerzo por estabilizar las finanzas puertorriqueñas. Una de ellas es la aportación que por ley los municipios tendrán que hacer a las pensiones de sus jubilados. Sumado a ello, se anticipa la posibilidad de que la fuente de ingresos que representa el impuesto sobre los inventarios desaparezca en un futuro.

El reto para los alcaldes es promover, junto al gobierno central, reformas con el potencial claro de enderezar las finanzas municipales. Ello abonaría a la calidad del servicio directo al ciudadano, función central en la gestión de la estructura municipal.

A ejecutivos de los ayuntamientos les corresponde presentar propuestas enmarcadas en la realidad fiscal del país, y que sean ejecutables. Los cambios por los que se opte requerirían un nuevo marco legal, lo cual demandaría completa colaboración legislativa.

Los ajustes fiscales deben dar paso a estructuras municipales ágiles, costo-efectivas y de prácticas transparentes. Por eso, los presupuestos deficitarios y las operaciones que carecen de fuentes de ingresos sólidas tienen que quedar en el pasado. En ese sentido, hizo bien el gobernador al hacer claro a los alcaldes que el precio de no actuar ahora sería que las alcaldías quedarán inoperantes en cinco años.

La transformación que los tiempos demandan requiere visión, voluntad política y desprendimiento.

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