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Regulación adecuada para el cannabis medicinal

La industria del cannabis medicinal en Puerto Rico tiene que operar mediante una regulación que garantice el adecuado servicio a los pacientes con autorización legítima para beneficiarse de ese recurso paliativo.

Es fundamental la fiscalización precisa y sistemática de los laboratorios que producen las dosis para expendio local, así como la de toda la estructura creada por ley en 2017 y que permite la operación de 103 dispensarios licenciados, principalmente en la zona metropolitana.

Las deficiencias denunciadas recientemente sobre fallos en los registros de pacientes, entre otros controles de expendio, así como de supervisión, tienen que ser resueltas con celeridad.

Por ello, lucen atinados los planes de revisar el reglamento y el estatuto que rigen las operaciones de la industria. El fin es garantizar el bienestar de los pacientes, además de estudiar el impacto económico de la operación de estos negocios, incluidos los ingresos al fisco derivados del desarrollo de ese sector terapéutico.

El gobierno ha señalado que los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) correspondientes a la industria del cannabis medicinal ascienden a $7.1 millones en lo que va del año y que la cifra acumulativa desde 2017 suma $13.9 millones. Basado en esos recaudos, se ha proyectado que las ventas anuales de la industria pueden rondar los $90 millones. En la isla hay 113,711 pacientes certificados y 394 médicos autorizados para prescribir este tratamiento paliativo. De acuerdo con el Departamento de Salud, existen 22 empresas de manufactura, 24 dedicadas al cultivo, tres laboratorios y 11 compañías licenciadas para el transporte del producto.

Entre los señalamientos de deficiencias, resultan preocupantes las vacantes en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal y la insuficiencia de inspectores, recursos designados para examinar regularmente los inventarios y otros aspectos operacionales de la industria.

Esa estructura, que fue creada por ley, tiene que completarse plenamente para asegurar que quienes participan en la manufactura, el transporte o el expendio del cannabis medicinal tengan siempre al día las licencias pertinentes y que su desempeño se rija por los controles estipulados.

La regulación es esencial para garantizar que los servicios lleguen a los pacientes certificados en alguna de la veintena de condiciones certificadas por el Departamento de Salud. Estas incluyen fibromialgia, Parkinson, epilepsia, cáncer y Alzheimer, para mejorar la calidad de vida de quien las sufre.

Los controles del Estado serán claves también para desalentar cualquier intento de expendio ilegal que desvirtúe la misión médica del cannabis. Nuestro país ya sufre las horrendas consecuencias de la adicción y la adquisición ilegal de otros medicamentos que se suponen sean recetados solo para aliviar dolor sin fomentar el abuso de la sustancia.

Deben atenderse los reclamos para poner en vigor un registrouniforme de pacientes certificados. Un archivo con una base de datos interconectados contribuirá a regular y a facilitar servicios. También puede asistir en la actualización del inventario y de su inspección periódica, según recomendaciones presentadas ante la legislatura. Conviene, además, examinar la proporción de inspectores por dispensarios u otras instalaciones, así como la ubicación por milla cuadrada de los centros certificados a los que acuden los pacientes.

Por tratarse de un nuevo renglón en las alternativas que brindarían bienestar a determinados pacientes, es recomendable que el Departamento de Salud mantenga iniciativas educativas sobre los fundamentos y el alcance del cannabis medicinal. Es importante evitar la desinformación entre la población.

No debe repetirse la inacción que por meses frenó la entrada de recaudos al erario por no cobrar multas por licencias vencidas, entre otras deficiencias. Es imperioso que la Junta aplique sanciones inmediatas en caso de incumplimiento.

La regulación asertiva debe proveer estabilidad a una industria con potencial de aportar significativamente al bienestar de pacientes con determinadas condiciones y a la economía del país.

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