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Resolver la crisis de las cárceles con sensibilidad

Durante años, las cárceles en Puerto Rico han sido campo de todo tipo de crisis, desde las de seguridad y salubridad, hasta las de la gobernabilidad misma de las prisiones, con la presencia de pandillas que, en ocasiones, ejercen controles incluso por encima de las autoridades.

Por demasiado tiempo, hemos desaprovechado la enorme oportunidad que tenemos como país al tener bajo custodia a personas que han fallado a la sociedad, pues en vez de poner nuestro mayor empeño en brindarles herramientas de rehabilitación, básicamente los almacenamos en instituciones que, para todos los efectos, terminan siendo no mucho más que escuelas de crimen.

Como dijo el gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky: “El grado de civilización de una sociedad puede juzgarse entrando a una de sus prisiones”. Con mucha tristeza, habría que concluir que, bajo el criterio establecido por el autor de “Crimen y castigo” y mirando el estado de nuestras prisiones, nos tocaría hoy hacer un juicio muy severo contra la sociedad puertorriqueña.

En resumen, el estado de nuestras cárceles es un enorme lastre del que no hemos tenido nunca la voluntad de desprendernos y que dice muy mal de nosotros como sociedad.

La demanda en el Tribunal Federal que presentó en 1979 el confinado Carlos Morales Feliciano exigiendo trato humano desembocó, tras décadas de litigios y multimillonarias multas, en que se resolviera el grave problema de hacinamiento que había en aquella época en las prisiones y viabilizó que mejoraran los servicios de salud.

Pero es claro que falta demasiado por andar y, en tiempos recientes, da la impresión de que vamos, de nuevo, en reversa.

En una serie de artículos publicados en este diario durante los pasados días, familiares de confinados han denunciado la dejadez de las autoridades con las condiciones de salud de los reos, y fallas en los protocolos para determinar las causas de muerte de cientos de personas que han fallecido estando tras las rejas.

Eso es un problema gravísimo en cualquier contexto, pero lo es más todavía cuando nos topamos con el espantoso dato de que únicamente este año 44 confinados han fallecido en las cárceles de Puerto Rico. Eso es más de uno por semana. Es una cifra a todas luces inaceptable que estremece la fibra sensible del pueblo puertorriqueño.

El gobierno de Puerto Rico enfrenta un sinfín de retos, muchos de ellos causados por la bancarrota del Estado, pero también por la falta de planes, prioridades y visión. Los graves problemas carcelarios tienen que atenderse también con urgencia, no solo porque es lo humano y lo correcto, sino también por el impacto que tienen en otras áreas de la vida colectiva.

El Estado tiene una oportunidad de oro cuando le es concedida la custodia total de un ser humano cuyos actos lo llevaron a prisión. Debe convertir en la más alta prioridad pública que esa persona adquiera, mientras cumple su sentencia, las herramientas que le permitan retomar su vida por el buen camino una vez esté de vuelta en la libre comunidad. Al final del día, el que ese confinado se convierta en una persona de bien, nos termina beneficiando a todos.

Ese es solo un ejemplo de cómo, desde el sistema correccional, se pueden hacer muchas cosas para el bien de toda la sociedad. Reconocemos que es un problema complejo y multifacético que requiere de mucho esfuerzo y de recursos. Pero hay que enfrentarlo con sensibilidad y eficiencia.

Abandonar a los reos, y con ellos a todo el resto de la sociedad, está lejos de ser la solución.

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