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Resolver sin cortapisa la deformación de Mi Salud

Excluir de Mi Salud a aquellos beneficiarios que realmente no son elegibles es un paso que debe contribuir al saneamiento financiero del plan y, por ende, al presupuesto general de Puerto Rico. Pero aún está distante de la meta de precisar un modelo salubrista que provea una cubierta médica y hospitalaria amplia a un costo que el país realmente pueda sufragar.

Con una erogación anual de $1,600 millones, el plan gubernamental absorbe casi una quinta parte del presupuesto puertorriqueño para cubrir a un millón de médico indigentes. Aun así, cerca de 500,000 personas están totalmente desprovistas de un seguro médico. Estos últimos son asalariados que no pueden pagar una cubierta privada pero cuyos ingresos sobrepasan el tope de $800 mensuales que Mi Salud impone como criterio de elegibilidad.

La enorme cuantía que la isla aporta es complementada con $1,200 millones asignados mediante los programas federales Obamacare y Medicaid, lo que añade un factor de inseguridad al financiamiento del plan público.

Obamacare asignó a Puerto Rico $6,400 millones que debían durar hasta 2019 y se vislumbra que se acaben este año. Al agotamiento inevitable de esa partida se suma la incertidumbre sobre el Obamacare ante la intención del gobierno de Donald Trump de eliminarlo. Hasta ahora, esa gestión no ha tenido éxito, pero la amenaza persiste.

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, verbalizó recientemente la magnitud de las dificultades financieras de Mi Salud. En una entrevista con este diario destacó que el plan público cuesta un total de $2,800 millones anuales y que solo la mitad de esa suma impacta directamente a los beneficiarios.

Entre los factores que encarecen la cubierta pública figura la cadena de intermediarios del modelo de cuidado dirigido, con los altos costos de administración que acarrea.

Otra distorsión gravísima radica en el predominio del enfoque curativo sobre el preventivo. De invertirse, la ecuación resultaría en una población más saludable que significaría ahorros significativos a largo plazo. Tampoco puede pasarse por alto que entre los asegurados hay una gran cantidad de adultos, incluidas personas en la tercera edad, con padecimientos que requieren tratamientos y medicamentos que suelen ser onerosos.

En este escenario complicado, mantener y sumar a Mi Salud a personas que no cualifican abona al estado crítico de las finanzas del sistema y lo desvía de su misión de atender al paciente verdaderamente necesitado. Lo aleja también de la aspiración que debe contemplar toda sociedad de avanzada: garantizar el derecho de acceso a la salud cada uno de sus miembros.

Mientras, un escrutinio más riguroso de los solicitantes nuevos y de las renovaciones bajo las nuevas normas del programa de Medicaid ha conllevado una baja de 40,724 de asegurados.

El peso presupuestario que Mi Salud explica la difícil decisión, contenida en el Plan Fiscal a 10 años, de ahorrar $6,123 millones en elrenglón salubrista.

En estas circunstancias, Puerto Rico tiene que moverse hacia un modelo de financiación de servicios de salud que abarque una mayor cantidad de personas y se ajuste a sus posibilidades presupuestarias.

Identificar el sistema que más convenga al país requiere de un análisis serio sobre los modelajes alternativos de financiación. Ello evitará cambios a ciegas que hagan más daño que bien al estado de la salud puertorriqueña.

En definitiva, los defectos financieros y estructurales del presente sistema salubrista obstaculizan la misión de proveer servicios a los necesitados. Este andamiaje hace casi inalcanzable la aspiración mayor de superar el déficit democrático en el renglón salubrista que Puerto Rico padece.

Resolver sin cortapisa la deformación sistémica que estrangula a Mi Salud y que se traduce en servicios deficientes a nuestra gente, será pilar del desarrollo humano y económico de Puerto Rico.

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