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Responsabilidad mutua para levantar a Puerto Rico

La decisión del presidente de Estados Unidos de declarar a seis municipios del suroeste de Puerto Rico zonas de desastre ofrece nuevas oportunidades para asistir a las familias más afectadas por el terremoto y las réplicas recientes, así como al gobierno central, a los referidos ayuntamientos, y a sectores privados.

Las estructuras de los gobiernos central y municipales deben procurar, con la mayor diligencia, que las familias afectadas reciban la orientación y asistencia apropiada. El gobierno ha confirmado que miles de personas permanecen refugiadas y que aproximadamente 800 residencias han resultado con daños, una parte de estas inhabitables.

Las personas que perdieron su hogar tienen 60 días para documentar los daños y reclamar una indemnización de hasta $35,000. Se ha informado que personal de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) visitará los refugios para orientar a la gente. Los demás perjudicados, albergados en viviendas de familiares u otros lugares, deben llevar a cabo las gestiones de solicitar ayuda.

Un aspecto particularmente positivo de la declaración de desastre por el terremoto es que el gobierno federal aceptará declaraciones juradas de las familias que no posean título de propiedad de sus residencias. La flexibilización de los requisitos sobre la titularidad, los cuales buscan reducir el riesgo de fraude, debe evitar que familias queden desprovistas de ayuda por los daños a sus casas. La carencia de titularidad ha sido un escollo para la otorgación de ayuda a individuos y familias cuyas viviendas se afectaron con los golpes huracanados.

Por otro lado, la nueva declaración presidencial permitirá mitigar el impacto de la emergencia en los comercios del sur. Los fondos recién autorizados servirán, por ejemplo, para proveer préstamos a pequeños negocios por pérdidas económicas o daños empresariales. También permitirán contratar a personal necesario para el apoyo en la crisis por los próximos nueve meses y hará disponible la Asistencia de Desempleo por Desastre hasta 26 semanas, de servicios legales y remoción de escombros.

Mientras, es preciso que las autoridades gubernamentales documenten adecuadamente los daños a la propiedad pública y presenten propuestas de reconstrucción técnicamente sólidas. Estos son pasos necesarios para lograr la celeridad y certeza de las que dependen los desembolsos.

Está en manos de todos los sectores locales hacer uso sabio y responsable de las ayudas. Trabajar de forma organizada y transparente, a todos los niveles, fomentará la credibilidad de la isla ante las autoridades federales.

El gobierno federal ha informado también que liberará partidas retenidas hace cerca de un año para mitigar los daños ocasionados por los huracanes de 2017.

En ese propósito, confiamos en que la designación del abogado Robert Couch como monitor financiero federal para el programa de desarrollo comunitario para la atención de desastres (CDBG-DR) en la isla,sirva para establecer canales de comunicación y colaboración mutuas que aseguren el desembolso y uso propicio de los $8,221 millones destinados a proyectos de mitigación, a raíz del impacto ciclónico.

Es importante establecer un diálogo edificante en torno a las nuevas restricciones vinculadas al desembolso de los fondos CDBG-DR, para evitar, tras más de dos años del ciclón, retrasos adicionales en las obras que son fundamentales para el bienestar de muchas comunidades puertorriqueñas.

Así como Puerto Rico está emplazado a demostrar su capacidad de transparencia y rendición de cuentas, el gobierno de Estados Unidos debe exhibir la debida razonabilidad en sus requisitos para el desembolso y uso de los recursos. Los esfuerzos de responsabilidad común deben conducir al fortalecimiento socioeconómico de la isla.

Las recientes determinaciones de la Casa Blanca ofrecen la oportunidad para encaminar la reconstrucción que para muchos puertorriqueños sigue pendiente desde el azote de los huracanes. Es momento de superar cualquier obstáculo burocrático o político, para poder establecer con solidez las nuevas zapatas de Puerto Rico.

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