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Retiro digno para los agentes del orden público

Permitir que los miembros de la Policía coticen para los beneficios del Seguro Social debe ayudar a disipar la incertidumbre sobre las condiciones de retiro de estos trabajadores clave para la seguridad pública en Puerto Rico.

Una vez firmada por el gobernador Ricardo Rosselló, la ley podría contribuir a desalentar el éxodo de miembros de la Uniformada puertorriqueña a jurisdicciones que les ofrecen beneficios competitivos.

La participación en el Seguro Social, programa federal que sirve a 45 millones de personas en Estados Unidos y Puerto Rico, aportaría a la estabilidad de ingresos a los policías en sus años de jubilación. Los beneficios proveen para que los familiares y dependientes del agente reciban pagos en la eventualidad de que este fallezca o quede impedido de trabajar.

A dos meses de la firma del estatuto, los policías empezarían a aportar el 6.2% de su cheque mensual al programa del Seguro Social, suma que sería pareada por el gobierno de Puerto Rico. La cotización al Seguro Social aplicaría a todos los agentes, a excepción de los que están a diez años o menos de acogerse al retiro en Puerto Rico. Estos últimos podrían optar por recibir sus pagos con cargo al presupuesto operacional del gobierno local, que desde 2017 sufraga las pensiones de 170 mil servidores públicos jubilados, equivalentes a un desembolso de $2,500 millones al año.

El dinero para la aportación patronal al Seguro Social de los policías está contemplado en el plan de ajuste fiscal del gobierno aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Para cumplir con la aportación a los policías de 40 años o menos, el organismo separó $33 millones en el presupuesto.

Esperamos que la opción de contar con un plan de retiro con una estructura más sostenible sume a la tranquilidad de los agentes del orden público. Las revisiones de las pensiones contenidas en la Ley 3 de 2013 representaron para muchos policías una seria incertidumbre sobre la etapa de jubilación, sobre todo para aquellos más cercanos al retiro. El sector ha expresado que, a raíz de los cambios, tras dedicar 30 o más años a un trabajo de alto riesgo, el pago por retiro del agente habría oscilado entre el 38% y el 42% de su sueldo.

La inestabilidad figura entre los factores que han motivado a un número sustancial de efectivos a poner su experiencia a disposición de estados que les ofrecen mejores sueldos y condiciones de empleo. Para fines de 2018, el éxodo había privado al Negociado de la Policía de 1,300 empleados en dos años, mientras un estudio destacaba la necesidad de aumentar en 11% la cantidad de oficiales en la isla. Las dilaciones en el reclutamiento de nuevos policías no han permitido el reemplazo del personal al mismo ritmo que se dan las bajas.

Dentro de este contexto, la extensión del Seguro Social a los policías es un paso de apoyo a estos empleados que arriesgan la vida al servir al pueblo.

Es importante atender otros aspectos que inciden sobre el desempeño de los policías. Entre ellos, es imperativo asegurar que las horas extra trabajadas en emergencias y eventos extraordinarios como los huracanes sean pagadas en un lapso razonable.

Otro asunto medular es el suplido de equipos, como por ejemplo de uniformes, chalecos antibalas y vehículos en buen estado que permitan a los policías enfrentarse adecuadamente a los peligros inherentes a su trabajo. La profesionalización del cuerpo, mediante entrenamiento y reentrenamiento, y el acceso a recursos tecnológicos, son igualmente medulares.

Ciertamente, mejorar las condiciones de trabajo es complemento indispensable de los esfuerzos para garantizar un retiro digno a los agentes del orden público.

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