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Rezagados nuestros adultos mayores durante la pandemia

El desamparo y el descuido no puede ser la respuesta gubernamental para los adultos mayores en Puerto Rico en medio de la pandemia del COVID-19, justo cuando se confirma que esta población sufre la tasa más alta de letalidad a causa del virus, como reflejan estadísticas de decenas de países.

Es preciso que el gobierno de Puerto Rico agilice la administración de las pruebas para detectar anticuerpos del virus a alrededor de 30,000 adultos mayores que residen en centros de cuido. Le corresponde también acelerar los trámites para que ancianos que viven solos en zonas rurales o comunidades aisladas sean sometidos a las pruebas y tratados de inmediato, en caso de resultados positivos. En esta tarea, la colaboración organizada de los municipios y las organizaciones sin fines de lucro es una medida sensata.

Solo en 22 de 952 centros de adultos mayores en la isla se habían administrado pruebas de COVID-19, según cifras divulgadas este lunes. El gobierno informó que hay 50,000 pruebas reservadas para esa población, pero la estadística reciente refleja que apenas el 2.4% ha sido administrado. Es imperativo mejorar la colaboración entre los departamentos de Salud y de la Familia, así como con la Guardia Nacional, para poner en vigor las iniciativas de protección a nuestros mayores.

Mientras tanto, el gobierno ha relegado el desembolso del alivio económico aprobado por las autoridades federales el 27 de marzo para los mayores pensionados. No será hasta junio que el Estado distribuya los primeros pagos de $1,200 destinados por el Congreso a los recipientes del Seguro Social, como parte de la asistencia de $2,200 millones para Puerto Rico, en virtud de la Ley para Mitigar el Impacto del COVID-19 (CARES, por sus siglas en inglés).

Los adultos mayores están expuestos a carencias adicionales debido al aumento en los precios de comestibles, medicamentos y artículos para evitar el contagio con el virus. La situación es crítica sobre todo para aquellos con un ingreso mensual tan bajo que no alcanza ni para cubrir sus necesidades básicas.

Es responsabilidad del gobierno agilizar los trámites entre el Servicio de Rentas Internas federal y el Departamento de Hacienda, a fin de desembolsar la ayuda que es crucial para proteger la salud y calidad de vida de miles de adultos mayores. Hay múltiples justificaciones para tomar acción en ese sentido, pero las básicas son dictadas por el sentido de urgencia y el compromiso de trato digno para los más vulnerables, que no pueden quedar atrapados en marañas burocráticas.

De las 124 muertes registradas por COVID-19 en Puerto Rico al 18 de mayo, el 74% de los casos consistía en personas de 65 años o más. Se ha condicionado la movilización del personal que administra las pruebas para detectar el virus a peticiones de los encargados de los centros de cuido. Esta política pública es un escollo en la lucha por identificar y controlar los contagios.

Nuestro país necesita acción eficiente. Urge establecer mecanismos ágiles y sistémicos para administrar cuanto antes las pruebas en los 952 centros de cuido para adultos. Es indispensable aplicar los protocolos adecuados y que los casos positivos, de haberlos, sean aislados o referidos a hospitales para el tratamiento correspondiente.

La Organización Mundial de la Salud ha indicado que la mitad de las muertes por COVID-19 en Europa han sucedido en centros de cuido para ancianos. En 23 estados de Estados Unidos, hasta el 23 de abril, se documentaron 10,000 decesos a causa del virus en instituciones para adultos mayores, destacó la Fundación Kaiser.

Mientras tanto, en Puerto Rico la respuesta del gobierno parece ignorar una de las grandes lecciones de otra gran emergencia en la isla, cuando tras el golpe del huracán María miles de adultos mayores quedaron desprovistos de adecuada alimentación, medicamentos o tratamientos como diálisis, y muchos fallecieron. Las deficiencias gubernamentales que multiplicaron las pérdidas humanas tras la catástrofe ciclónica no pueden repetirse con la pandemia.

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