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Sin secretos con el crimen de abuso sexual a menores

Aunque el sacerdote arrestado, Israel Berríos Berríos, pertenece a la diócesis de Caguas, resulta obvio que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene en su mira también a la diócesis de Arecibo, la que a pesar de que seis de sus sacerdotes han sido expulsados en años recientes, se resiste a entregar los expedientes al Departamento de Justicia local.

La diócesis arecibeña ha sufrido dos reveses judiciales en su esfuerzo por demostrar que los expedientes requeridos por los fiscales de Justicia son confidenciales, pero ahora el asunto está en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que la semana pasada accedió a revisar el caso.

La Oficina de Seguridad Interna del ICE decidió investigar los casos de pedofilia por parte de sacerdotes en Puerto Rico en febrero pasado, cuando solicitó a Justicia información y colaboración en la pesquisa que su departamento había iniciado una semana antes, según reportó El Nuevo Día en una serie investigativa sobre el escabroso tema.

El arresto de Berríos Berríos, de 58 años, por cuatro cargos federales de tráfico sexual de menores y transportar un menor para involucrarlo en un acto sexual ilícito, es el primero que realizan las autoridades federales aquí y se produjo como antesala a la radicación, el mismo día, de cargos similares por parte de los fiscales de Justicia en el Centro Judicial de Caguas.

En el caso de Berríos Berríos, el obispo de Caguas, Rubén González, ha ofrecido detalles de su suspensión del sacerdocio, decretada tras el cura admitir el abuso sexual cometido en 2007 contra un adolescente que ahora lo ha denunciado como adulto, así como del envío del caso al Vaticano para tramitar la expulsión del religioso, que aún está pendiente.

El obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, por su parte, ha defendido, tanto personalmente como a través de sus abogados, la supuesta confidencialidad de los casos ocurridos en su diócesis y ha impugnado en corte la autoridad de Justicia para investigarlos.

La investigación periodística de El Nuevo Día, que se publicó en febrero de este año, reavivó el interés de las autoridades, tanto locales como federales, en los casos de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes. Víctimas de estos abusos, ahora adultos, denunciaron que pasadas autoridades eclesiásticas habían encubierto a los supuestos agresores.

En ese orden, hoy día las autoridades federales confirman precisamente que sus investigaciones enfocan en la posibilidad de encubrimiento por parte de obispos y otras autoridades de la iglesia.

Porque aunque los sacerdotes señalados fueron castigados y, en algunos casos, expulsados de la iglesia por el Vaticano, nunca fueron denunciados ante las autoridades civiles.

Seis sacerdotes de la diócesis de Arecibo fueron expulsados en los últimos dos años, pero el obispo Fernández Torres justificó que los casos no se denunciaran a la Policía diciendo que las víctimas ya eran adultas cuando se querellaron. De la información que Justicia logró conseguir de esa diócesis mediante subpoenas se desprende que al menos 20 víctimas fueron abusadas por los seis excuras.

Sin embargo, el grueso de la información requerida por Justicia no ha sido entregada bajo la alegación de que hubo acuerdos de confidencialidad con las víctimas, lo que el fiscal de distrito de Arecibo, Wilson González Antongiorgi, sostiene que no se justifica y que “no pueden entorpecer el proceso”.

Coincidimos plenamente. La Iglesia Católica no puede proteger a estos agresores sexuales que troncharon la inocencia de menores indefensos faltando a la confianza puesta por sus padres en la sotana religiosa, y que cometieron delitos repugnantes por los que deben responder ante la ley.

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