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Superar la burocracia para lograr el desarrollo

Transformar el clima de negocios en Puerto Rico para dejar atrás la burocracia obstaculizadora y la infraestructura deficiente que afectan al empresarismo comprometido con la retención y creación de empleos es un impostergable proyecto de país.

El Banco Mundial ha ubicado a Puerto Rico en la posición 65 en su “ranking” sobre potencial de inversiones y negocios, en una evaluación de 190 jurisdicciones. La institución bancaria cita, entre otros escollos, que al año un comerciante promedio en la isla tiene que pagar contribuciones en 16 instancias e invertir 218 horas en trámites burocráticos.

Esta dinámica de entorpecimiento tiene que quedar atrás. La reingeniería de procesos basada en la eficiencia, según recomendada por peritos que identifican las fortalezas de inversión de otras jurisdicciones bien competitivas, se impone como un objetivo de alta prioridad para liberar al país del estancamiento económico. Tiene que ser un compromiso de ejecución inmediata que rompa con la práctica de diseñar modelos que quedan en nada.

Los trámites para iniciar un negocio en la isla implican procesos que pueden prolongarse hasta 156 días. Un permiso de construcción conlleva 22 procedimientos. En muchos casos se trata de negocios cuyas necesidad y conveniencia están probadas. El freno burocrático impide crear empleos y desalienta el empresarismo.

Para facilitar los trámites de permisos urge dar prioridad a la implantación de sistemas electrónicos digitales que permitan mantener salvaguardas necesarios en la regulación de riesgos de impacto ambiental y salud pública, entre otros aspectos.

Lucen como pasos de avance el Sistema Uniforme de Información adoptado en la Oficina de Reglamentos y Permisos, y el Sistema Unificado de Rentas Internas del Departamento de Hacienda. Pero, en ambas agencias, el reto es garantizar que los sistemas se mantengan operacionales y resulten de fácil manejo. Un cambio similar es necesario en el Registro de la Propiedad, que arrastra seria lentitud en la aprobación de proyectos en zonas comerciales e industriales.

Reducir, simplificar y agilizar los trámites, con métodos eficientes, son medidas cruciales para fomentar la operación de pequeños, medianos y grandes negocios.

Todo avance procesal en el gobierno central debe atemperarse a los de los gobiernos municipales que en múltiples instancias se llevan a cabo de la forma tradicional, que exige la entrega de voluminosos documentos y conlleva la revisión y aprobación a mano por parte de personal de distintas oficinas. Esos sistemas burocráticos son difíciles de fiscalizar y se vinculan a prácticas indeseables como el padrinazgo o amiguismo como condición para adelantar u obtener un permiso.

Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal consignó el retraso de Puerto Rico en la puesta en vigor de las reformas estructurales diseñadas para respaldar los acuerdos de reestructuración de deudas y la operación de los sistemas públicos. El entesupervisor enfatizó la necesidad de eliminar escollos al fomento de negocios.

Puerto Rico no puede postergar más cambios claves que concedan, por ejemplo, atención prioritaria a la renovación del sistema eléctrico mediante la diversificación de las fuentes energéticas. Le es preciso también avanzar en la implantación de mecanismos digitales para facilitar permisos a nuevos negocios. Ambas reformas son indispensables para asegurar inversión nueva.

En nuestro suelo, las oportunidades de progreso sufren también la política creciente de impuestos que mina los recursos ciudadanos y empresariales. Las puertas al desarrollo no se abren arrojando el peso de las deudas en los bolsillos de los contribuyentes, sobre todo sin producir mejoras significativas en la infraestructura pública y en el acceso satisfactorio a servicios esenciales.

El proceso para establecer y mantener negocios tiene que ser ágil y contar con mecanismos de rendición de cuentas. Los procesos diáfanos que sumen inversión aportarán a la diversificación de empresas, reducirán el desempleo y permitirán cumplir los planes para el pago de la deuda.

Estas transformaciones deben convertirse en la base de la estabilidad y del desarrollo conducentes al regreso de la isla a los mercados de capital y al florecimiento económico y social.

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