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Tarea compartida para lograr la meta económica

Hallar las soluciones adecuadas a la compleja crisis económica, fiscal y de infraestructura que enfrenta Puerto Rico obliga, a todos aquellos que tienen autoridad para resolverla, a ubicarse en sus respectivas zonas de responsabilidad con miras a la recuperación y al desarrollo económico sostenible.

A medida que se atiende la catástrofe que dejó el huracán María y que desarticuló la estrategia fiscal para Puerto Rico, nuestro país tiene que empezar de nuevo.

Para el gobierno local esto conlleva equiparse con un plan de estabilidad fiscal que dé paso al pago de obligaciones públicas que sobrepasan los $70,000 millones y que provea para el regreso al mercado de valores. También requiere de planes de reconstrucción y de desarrollo económico a largo plazo.

Tanto el gobierno de Puerto Rico, como la Junta de Supervisión Fiscal y las autoridades gubernamentales en Washington D.C., son claves para la ejecución exitosa de esas rutas de recuperación. La definición clara de las responsabilidades y del campo de competencia de cada cual asistirá en el logro de una estrategia conjunta hacia las metas comunes.

El ciclo de audiencias públicas celebradas por la Junta y la reunión del martes de sus miembros pusieron sobre la mesa problemas puntuales que ameritan acciones correctivas y sensatas para la confección de un nuevo plan fiscal. El organismo se propone certificar a principios de febrero próximo una nueva hoja de ruta ajustada a las complejidades que el temporal añadió a la insolvencia que ya enfrentaban el gobierno central y las corporaciones públicas.

Un elemento esencial de la fórmula para mover a la isla hacia el crecimiento es la asistencia federal mediante fondos para la recuperación de la emergencia, e incentivos que protejan los empleos existentes y fomenten la creación de nuevas plazas.

Asuntos puntuales son los $94,000 millones solicitados por el gobierno para encaminar las obras, al igual que los recursos para reconstruir la infraestructura para reanimar la actividad económica. Un reto formidable es el disloque de la base industrial y los ingresos al fisco que acarrearía la reforma contributiva federal, si no se logra en el Congreso un trato justo para los empleos de ciudadanos estadounidenses en la isla.

Por ello es necesario que el gobierno puertorriqueño articule sus respuestas. Su estructura actual, enorme y costosa, es insostenible en el Puerto Rico de hoy, con menor población y actividad productiva. El modelo debe transformarse hacia la eficiencia, el tamaño adecuado y una férrea disciplina fiscal que les cierre el paso a los sobregiros presupuestarios y al endeudamiento excesivo.

El cuerpo de reformas debe también dirigirse a eliminar la persistente imprecisión en los datos gubernamentales. Las surgidas en la reunión de la Junta -la falta de certeza en el número de empleados públicos acogidos a licencias o activos y la cuantía de las cuentas por pagar- retrasan la adecuada planificación de los recursos.

De igual forma, el gobierno debe dar paso a alianzas de capital con el sector privado para la puesta en marcha de proyectos que incentiven la economía a gran escala.

La Junta, por su parte, debe asumir la tarea de la fiscalización estricta de la reconstrucción, enfatizando en el desarrollo económico sostenible. Este es un papel que la situación post huracán ha sumado a sus responsabilidades y que viabilizará el escrutinio del gobierno federal sobre el uso de los $4,700 millones aprobados para dar liquidez al gobierno y los solicitados para la reconstrucción.

La misión que deben acometer en conjunto el gobierno y la Junta es procurar una sólida recuperación que ponga freno al éxodo masivo que se espera se agudice a corto plazo, al desempleo que sube vertiginosamente, al estrangulamiento del ya golpeado sector privado y, por ende, a los números en rojo de la caja pública.

Lograr, en fin, que el plan fiscal sea un documento vivo, la piedra angular de la recuperación de las finanzas públicas y de la revitalización de la economía insular.

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