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Toda huelga general será en contra del pueblo

Una huelga en estas condiciones sería contra el pueblo, que pagaría las consecuencias de la misma. Por eso, condenamos sin reservas esa irracional y nefasta posibilidad con la que, aprobando votos de huelga, han amenazado las uniones de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de otras corporaciones, que ostentan condiciones salariales superiores a las de los empleados de las agencias del Gobierno central cobijadas bajo la Ley 45.

Éstas, en contraste, sí hicieron un gesto de desprendimiento facilitando un acuerdo en La Fortaleza, que ayuda a enfrentar la precariedad fiscal de la Administración.

Estamos en un momento en el que todos debemos ceder para que el País gane. La Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional firmada ya por el gobernador Alejandro García Padilla es parte de un proceso de supervivencia del País, y es el reto mayor en un momento que precisa de la colaboración y la altitud de miras de todos los sectores.

Dirigida a mitigar el enorme déficit presupuestario, posibilitando un recorte de más de $1,355 millones en el gasto público, coloca a Puerto Rico ante un histórico desafío. Pero, si bien es cierto que la ley ya está en vigor, todavía hay espacio para ajustar fórmulas y requerimientos planteados, toda vez que contiene una cláusula que establece las condiciones en que podrán restablecerse, en su momento, beneficios negociados en los convenios colectivos que, en virtud de dicha ley, habrán de quedar temporalmente en suspenso.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Carlos Rivas, ha dicho que están sobre el tapete una serie de decisiones adicionales en camino a estructurar un presupuesto balanceado, por lo que entendemos que el escenario sigue siendo propicio al diálogo. Un diálogo que deben asumir, de igual forma, tanto el Gobierno como las uniones, dándole a Puerto Rico una oportunidad en una coyuntura de aguda contracción económica.

El Gobierno debe convocar al liderato obrero. Los líderes sindicales deben asistir con voluntad, sin darle la espalda al País y abandonando el alegato de que todo puede sufrir recorte menos los cuantiosos beneficios que reciben. Y todo encuentro que se logre debe ser con la meta de tomar decisiones. No pueden ser reuniones pro forma o ejercicios en futilidad. Todo paso debe tener un soporte real, porque el tiempo apremia.

Los sindicatos, por su parte, tienen que estar conscientes de que, para crecerse en esta coyuntura, son fundamentales el buen juicio y la razón. Hoy más que nunca, los líderes obreros deben demostrar su capacidad para tirar la línea en lo que respecta a derechos, reivindicaciones y responsabilidad. Porque no adelanta ninguna causa justa el afán por involucrar al País llamando a los abonados a no pagar las cuentas y, con ello, instando a profundizar la inestabilidad fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ésa es una cuestionable “solidaridad” que se reclama al pueblo, porque lleva aprofundizar los problemas de una corporación pública ya minada por un estado de quiebra.

Nada puede estar por encima de la estabilidad del País. Los ciudadanos han hecho claro su repudio a ser utilizados como rehenes, cuando también se ven entrampados en las vías públicas.

Quedan por formularse varias alternativas para cuadrar el presupuesto. El próximo año fiscal comienza dentro de apenas 10 días, y sin duda la Ley de Sostenibilidad le da un marco estructural a las rectificaciones o los cambios que procedan.

Comprender la realidad fiscal, aunque implique ciertos sacrificios a lo largo de dos o tres años, es un paso ineludible para que Puerto Rico no se acabe de venir abajo.

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