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Transformar el sistema energético es prioridad

El Plan de Modernización de la Red Eléctrica, trabajado en conjunto con el gobierno federal y el sector privado, implicaría una inversión de $20.3 mil millones provenientes, en su mayoría, de fondos federales.

Esto representa una buena noticia para Puerto Rico en momentos en que el flujo de fondos federales para la reconstrucción post huracán ha demorado. La noticia alienta esperanzas, además, justo luego de que la Junta de Supervisión Fiscal advirtió en días recientes que la isla podría recibir menos fondos federales para la recuperación que lo previsto.

Al menos, $14 mil millones están garantizados con fondos del Programa de Asistencia Pública y de Mitigación de Riesgos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres del Departamento de la Vivienda estadounidense, ha informado el gobierno local. Los $6 mil millones restantes provendrían de otras fuentes federales, estatales o de alianzas público-privadas.

Puerto Rico no tiene tiempo que perder para convertir en realidad el compromiso de ese dinero federal. Debe avanzar a reconstruir la red eléctrica a la brevedad y con ello estimular la actividad económica. Corresponde ahora a la corporación demostrar su capacidad de ejecutar con diligencia, transparencia y eficiencia los proyectos propuestos.

El Plan de Modernización propone dividir la isla en ocho microrredes que operarían de forma independiente. Las mismas se complementarían con grupos de comercios e industrias que generen su propia electricidad. También permitiría el establecimiento de cooperativas y consorcios que generen su propia energía y ofrezcan alternativas a los consumidores. Según el anuncio, con el plan, el cliente podrá producir energía y dar seguimiento a su consumo y proyección de factura, factor importante para el apoderamiento.

La ejecución del plan debería, además, propiciar las circunstancias para una tarifa de electricidad que abone al sostenimiento de la reestructuración de la deuda y la transformación del sistema, sin convertirse en un freno a la inversión del país y la actividad cotidiana.

Fortalecer la red eléctrica con las mejores prácticas y los estándares de construcción más modernos, como propone el nuevo plan, debe propiciar que la economía retome el impulso por el que Puerto Rico espera.

El plan a diez años debe ser componente del Plan Integrado de Recursos de la AEE, a veinte años, que actualmente evalúa el Negociado de Energía. Su implantación debería poner las bases para que el desarrollo del sistema eléctrico perdure más allá de eventuales cambios de gobierno.

Asimismo, debe poner en acción la política pública energética que dispone una transición hacia las fuentes de energía más económicas y limpias que el combustible fósil. El plan consigna la necesidad de conversión del sistema a gas licuado, combustible fósil con precios menos volátiles y más bajos que el petróleo. Mientras tanto, deben sentarse las bases para las fuentes renovables, como las de sol y viento.

La reforma energética es una en la serie de transformaciones estructurales que Puerto Rico tiene que emprender con éxito para asegurar su desarrollo. Junto a esta, siguen pendientes una reforma profunda al sistema contributivo, así como una transformación radical de todo lo relacionado a las reglamentaciones y permisos que dilatan la creación de negocios y disuaden la inversión.

Dos años después del huracán María, Puerto Rico tiene que poner la economía a andar. Los fondos para la transformación energética deben honrarse con buena planificación y mejor ejecución hasta lograr que la isla alcance condiciones que la hagan sostenible.


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