💬 0

Una estrategia integral que logre seguridad social

El reciente reclamo liderado por vecinos de los residenciales públicos, para el desarrollo de una estrategia integral que erradique la violencia que troncha la vida de tantos adultos, jóvenes y hasta niños en Puerto Rico, tiene que ser atendido con premura por el gobierno, el sector privado y las comunidades.

Compartimos ese anhelo de paz, conscientes de que superar la inseguridad social requiere la implantación de componentes de desarrollo socioeconómico a corto, mediano y largo plazo.

La manifestación que la Coalición de los Residentes de Vivienda Pública llevó a cabo el martes pasado dramatizó el interés genuino por alcanzar una mejor calidad de vida, y la necesidad de frenar la discriminación que sufren los habitantes de complejos residenciales públicos y otros vecindarios con desventaja social y económica.

Hizo bien la gobernadora Wanda Vázquez al unirse al clamor de seguridad, progreso y bienestar articulado en la marcha propiciada por un sector poblacional que es sacudido directa y frecuentemente por el crimen.

Al gobierno, con el apoyo de los demás sectores, le corresponde buscar soluciones a problemas como el expresado por uno de los participantes en la manifestación: el estigma que cierra puertas del mundo laboral a personas cuya solicitud de empleo consigna el domicilio en un residencial público. Sociólogos destacan que en muchos casos ese rechazo, impregnado de discrimen, empuja a ciudadanos pobres a involucrarse en el trasiego de drogas u otras formas de crimen organizado.

Combatir la marginación es posible, por ejemplo, si más patronos abren oportunidades para jóvenes que buscan caminos limpios. Un paso necesario en esa dirección es ampliar las opciones educativas y de entrenamiento, adaptadas a las necesidades particulares de los vecinos de las distintas comunidades. Esta es tarea principal del Departamento de Educación, en coordinación con otras agencias estatales dedicadas al desarrollo humano y la convivencia social.

A nivel educativo, conviene intensificar los esfuerzos para desalentar la deserción escolar que coloca en alto riesgo a adolescentes con destrezas insuficientes. Sin un diploma de cuarto año y educación postsecundaria, se limitan las opciones técnicas y profesionales de los jóvenes.

Puerto Rico tiene una tasa de homicidios de 19.65 por cada 1,000 habitantes, y más de 600 asesinatos cada año. Ese trágico número de muertes violentas se ha mantenido por décadas, con alzas extremas como en 2011, cuando la cifra oficial registró 1,164 homicidios. Otras estadísticas muy preocupantes atañen a la mayoría de los delitos Tipo I, muchos de los cuales se relacionan con los saldos letales de violencia doméstica y de maltrato a menores.

Observar resignados y paralizados la incidencia criminal no es opción. Es necesario asumir que un país de mayor equidad y seguridad es posible.

Puerto Rico tiene que considerar fórmulas alternas al énfasis punitivo policiaco mantenido de forma prolongada contra la criminalidad y la violencia. Esa ofensiva no ha sido eficaz para forjar una sociedad menos violenta y más segura.

Sin descartar los controles necesarios por parte de la Policía -que necesita reforzar su plantilla, equipo y adoptar nuevas estrategias- el país tiene que poner en vigor programas con enfoque salubrista contra la adicción a sustancias controladas.

Es imperioso forjar más alianzas eficientes entre el sector público, privado y comunitario para combatir de forma vigorosa la desigualdad. El objetivo es estimular la educación pertinente y enriquecedora, centrada en una cultura de paz, que fortalezca la autoestima individual y colectiva.

Ha llegado el momento de dar los pasos esenciales para el desarrollo humano que promueva la autogestión y la inversión, con la consecuente creación de empleos y otras actividades sostenedoras de la equidad social y económica. En esos pasos encontraremos los fundamentos de un país más seguro.

💬Ver 0 comentarios