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Una solución judicial que sirva al presente y futuro

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aceptado dilucidar el cuestionamiento de la legitimidad de la gobernación de Pedro Pierluisi, una controversia de peso constitucional sin precedente en nuestra historia política y judicial, entroncada en luchas de poder en la cúpula del gobernante Partido Nuevo Progresista.

El alto foro judicial recibe hoy martes los argumentos de las partes en el conflicto, en el descargue de la responsabilidad que le dicta la Constitución. Es clara la dificultad, en este momento prácticamente insalvable, para que las ramas ejecutiva y legislativa lleguen a un acuerdo con indiscutible fundamento legal que ponga fin a la crisis de gobernabilidad.

No ha sido ejemplarizante la ruta gubernamental que ha convertido al Tribunal Supremo en la institución que abra caminos para definir la gobernación tras la renuncia obligada de Ricardo Rosselló.

Pero, en esta hora de ingobernabilidad prolongada, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tomó la acción correcta al dejar en manos del máximo foro judicial -intérprete último de la Constitución- la solución del desfase institucional.

En este mar de desasosiego, lo deseable es que la decisión de la corte aclare, más allá de interpretaciones particulares, si al licenciado Pierluisi le corresponde legítimamente o no asumir la gobernación. En ese menester, los jueces se enfrentan a un tema novel y de alta relevancia pública, en el que chocan dos miradas legales. La controversia sería examinada ante el crisol de la Constitución de Puerto Rico y el alcance de la Ley 7 de Sucesión, según enmendada en 2005.

Pierluisi juramentó como gobernador amparándose en que ese estatuto proveería para que un secretario de Estado asuma la posición en propiedad si es nominado durante el receso legislativo. Por lo tanto, podría ocupar la vacante de la gobernación.

La lectura jurídica contraria establece que un secretario de Estado puede convertirse en gobernador en propiedad, solo si ha sido confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado, cuyos miembros han sido electos por el voto directo del pueblo.

El Supremo tiene ante sí la gran oportunidad de definir una figura legal que ponga fin a la incertidumbre que ensombrece la posición de gobernador, y que evite que el pueblo puertorriqueño sufra en el futuro las angustias del presente. La gran lección es encontrar, en la vía judicial, una solución de la controversia a futuro.

Con la decisión del Supremo, el país contará con un precedente judicial, no solo para resolver la crisis de gobernanza actual, sino para evitar que en cualquier desacuerdo político futuro, Puerto Rico se quede sin gobernador.

Esa garantía no ha sabido servirla la clase política gobernante, con bandos atrincherados e inamovibles en sus esquinas, de espaldas al pueblo que marchó por las calles del país, con el reclamo, que seguirá vigente, de un gobierno limpio, honroso y responsable.

Inacciones, errores, retrocesos y, sobre todo, falta de desprendimiento de los distintos actores políticos han permeado en la serie de sucesos que han derivado en la polémica sobre la que el Tribunal Supremo decidirá.

Los más recientes incluyen la serie de declaraciones confusas de Pierluisi, en torno a su aceptación o rechazo de un voto del Senado a su nombramiento como secretario de Estado. En la difícil situación política y legal que Puerto Rico atraviesa, no hay espacio para vacilaciones que solo sirven para confundir más a la opinión pública. Tampoco abonan a la solución la actitud y el verbo agresivos del líder de los senadores.

Cerrar este periodo de incertidumbre debe ser propósito de todos, de cara a la complicada agenda que enfrentan todos los sectores del país, incluido el mismo gobierno con sus múltiples desafíos fiscales y la reconstrucción pendiente. Esperemos del Tribunal Supremo el camino a una solución para el presente y el futuro.

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