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Un Código Civil para la convivencia armoniosa

La solicitud que la gobernadora Wanda Vázquez ha hecho al Senado para que posponga la votación sobre el controvertible proyecto de ley para enmendar el Código Civil, ofrece al gobierno la oportunidad de trabajar un tema de alta trascendencia social de manera ponderada y documentada, en atención al estado de Derecho y de jurisprudencia en Puerto Rico y Estados Unidos.

Conocedora del Derecho, como fiscal y exsecretaria de Justicia, la mandataria ha pedido más tiempo para discutir algunas disposiciones de la medida que la legislatura no ha estudiado adecuadamente en audiencias públicas. La oportunidad debe servir para ampliar el proceso de evaluación, a fin de poder recibir recomendaciones de académicos, juristas y otros sectores de la sociedad.

El esfuerzo no puede estar limitado por barreras de calendario que entorpezcan lo que debe ser una discusión informada y libre de ataduras político-electorales. Insistimos en que, con lenguaje claro, el documento rector de la vida en nuestra sociedad democrática debe propiciar que Puerto Rico avance en el campo de los derechos individuales, sociales y económicos.

El pedido ejecutivo de aplazamiento fue atendido por el Senado. No obstante, preocupa que el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, pretenda imponer términos a la evaluación solicitada por la gobernadora. Vázquez ha reiterado acertadamente que los cambios al Código Civil no deben afectar derechos adquiridos ni estar en conflicto con los precedentes judiciales. El propio Departamento de Justicia ha mostrado reparos relacionados a lenguajes propuestos en el proyecto de ley.

Las deficiencias que más preocupan a expertos en Derecho incluyen que el proyecto carece de argumentación que explique y justifique las disposiciones propuestas para regir la vida privada de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Estas lagunas deben atenderse en observación del estado legal y jurisprudencial. El Código Civil tiene que proveer claridad, no puede quedar sujeto a interpretaciones acomodaticias. En particular, los tribunales necesitan entender la intención legislativa de las disposiciones, a la hora de resolver disputas. Es indispensable que conste un tracto del análisis que hicieron los legisladores para agregar, eliminar o modificar cláusulas.

Sin embargo, el presidente del Senado se rehúsa a dar explicaciones sobre las enmiendas. Ha dicho que quien objete puede retarlo en los tribunales. La Asamblea Legislativa debe facilitar la vida y convivencia de las personas en sociedad, en vez de atentar contra derechos e imponerle al pueblo trabas que cuestan tiempo, dinero y energías en la defensa de lo que es justo.

Puerto Rico necesita un Código Civil actualizado que no someta el derecho privado de las personas a arbitrariedades ni visiones particulares.

El Código vigente, que data de 1930, se basa en el Código Civil español que regía la isla mediante orden real desde 1889. Surge de contextos que no necesariamente atienden nuestro presente, a pesar de que a través de los años ha sido enmendado en áreas puntuales. De ahí la necesidad de contar con un documento que rija el derecho de las personas acorde a las transformaciones sociales, científicas, económicas y tecnológicas, pero libre de agendas particulares o políticas.

Durante los pasados veinte años, a un costo de $10 millones, el Código ha sido objeto de análisis en la legislatura. Ello ha obedecido, en parte, a presiones de sectores renuentes a actualizar el libro sobre los derechos de las personas y las relaciones de familia.

Sin participación amplia, la Cámara de Representantes aprobó una primera versión en apenas un mes, en marzo del año pasado. Durante los últimos meses, el Senado mantuvo la versión más reciente del documento a puertas cerradas hasta hace apenas una semana. El escrito con enmiendas ha recibido serias objeciones de expertos en Derecho y grupos defensores de poblaciones marginadas. Esas preocupaciones deben ser atendidas.

El reclamo de la gobernadora Vázquez ofrece la oportunidad de emprender una deliberación rigurosa y ponderada que conduzca a un Código Civil que resguarde los derechos de todas las personas en condiciones de convivencia armoniosas y justas.

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