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Urge definir prioridades para recortar más gastos

La distribución del presupuesto público debe ser el espejo donde se reflejen las prioridades del gobierno en la prestación de servicios y atención al ciudadano. En ese sentido, la insuficiencia de fondos para aumentar la cantidad de policías ejemplifica la urgencia de ajustar los recursos ya asignados para cumplir con la misión de proteger vidas y propiedades.

Las limitaciones del presupuesto aprobado para el nuevo año fiscal en la Policía, así como en la mayoría de las dependencias gubernamentales, imponen ajustes abarcadores en un escenario extraordinario, producto de la quiebra fiscal.

En el caso de la fuerza policiaca, su labor, que incluye garantizar la seguridad ciudadana, así como prevenir y esclarecer delitos, es esencial en un país de ley y orden. Reforzar el desempeño de los agentes estatales y las operaciones de la Policía es, además, parte del compromiso establecido por el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales, que aprobaron desde 2013 una abarcadora reforma en esa agencia.

Para alcanzar parte de los objetivos reformistas es necesario, sin dudas, el reclutamiento de nuevos policías. Las jubilaciones y renuncias, sumadas al éxodo de agentes que procuran mejores condiciones laborales en los Estados Unidos, tras la devastación causada por el huracán María, han acentuado la necesidad de aumentar la plantilla del principal cuerpo de seguridad estatal. Las autoridades gubernamentales estiman que hay que sumar por lo menos 1,183 efectivos adicionales para completar un equipo de 11,600 agentes. La proyección se hizo considerando la población y las necesidades de vigilancia preventiva, así como de investigación criminal.

Reforzar la plantilla es gestión justificada ante el desbalance en la distribución de recursos, lo que se aliviaría con la reasignación de agentes que persisten en funciones administrativas. Sin embargo, la iniciativa no sustituye la necesidad de reclutar cadetes y someterlos al entrenamiento necesario como policías que puedan integrarse a labores diversas en la agencia a corto plazo. La academia policiaca más reciente fue en 2015, cuando se graduaron 315 nuevos agentes.

El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, ha sido elocuente al expresar de forma reiterada que, con el presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal para la Policía, la agencia se quedaría sin fondos suficientes a corto plazo.

Sin embargo, ante la crisis fiscal imperante, para aumentar el número de uniformados y llevar a término metas programadas de la reforma, corresponde al gobierno y a la dirección del cuerpo policial redefinir el uso de los fondos conforme al recorte de $37 millones para su operación este año. Este ejercicio ayudará a colocar recursos según las necesidades de máxima urgencia e importancia.

Un ejercicio similar tendrá que encaminarse en otras agencias estatales que han sufrido recortes presupuestarios drásticos para el nuevo periodo fiscal. Se impone el momento de la gerencia estratégica, que obliga a definir servicios esenciales para asegurar la operación de programas y ofrecimientos indispensables.

Por años, la inacción para la clara definición de prioridades máximas en las operaciones gubernamentales no ha frenado la tendencia a la petición de aumentos recurrentes de fondos, aunque el desempeño y los servicios no se traducen necesariamente en buenos resultados. Ha llegado el momento de tomar esas determinaciones que son claves en el ejercicio de gobernar.

Más allá de la Policía, será preciso adoptar desde La Fortaleza un plan ajustado de prioridades presupuestarias que, centrado en la protección de servicios esenciales claramente definidos, permita mejorar la contabilidad en las agencias, ajustar asignaciones de fondos mediante recortes de gastos en contrataciones externas y compras, así como cesar alquileres innecesarios, entre otras medidas postergadas por décadas.

El cambio será clave para mantener operaciones a tono con la nueva realidad fiscal del país cuya renovación dependerá de iniciativas creativas y estratégicas del liderazgo gubernamental al mando en este periodo histórico.


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