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Vías para liberar a la niñez de la pobreza

Violentar los derechos a más de la mitad de nuestros niños y niñas al mantenerlos en pobreza, aun cuando existen estrategias viables para librarlos de esa injusticia, no puede ser opción en el Puerto Rico en construcción.

Las alternativas para proveerles a estos menores oportunidades reales de desarrollo físico y mental saludable, para que prosperen y aporten al país, están al alcance de las decisiones de gobierno. Adoptarlas requiere entendimiento y voluntad para reordenar las prioridades presupuestarias.

La pobreza lastima al 58% de los niños y niñas en Puerto Rico. No resolver esta desigualdad tiene un alto precio para todos, económico y moral. Se estima que a la isla le cuesta $4,418 millones cada año. Peor aún, a cada niño en esas condiciones le arrebata oportunidades de desarrollo pleno.

Un nuevo estudio presentado por el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) propone medidas específicas que tienen el potencial de sacar a 141,000 menores de la pobreza en una década. Cada uno tiene un impacto multiplicador sobre toda la sociedad, que puede ser positivo, según las herramientas que se les provean para salir adelante.

Se estima que el 37% de los menores vive la precariedad extrema con ingresos familiares de menos de $4,000 al año. Esa cifra representa cerca de un cuarto de millón de niños -242,720. Una sociedad que permite semejante injusticia se lastima a sí misma.

El IDJ expone que con una inversión de $8,314 millones, en tres años se podría reducir la pobreza infantil hasta en un 10%. Y en una década, la pobreza infantil bajaría al 37%.

La pobreza incide en la salud y en el aprovechamiento académico de estos ciudadanos. Los hace más propensos a dejar la escuela y les resta posibilidades de conseguir empleos bien remunerados. Estas condiciones los convierten en presas fáciles de la delincuencia, los empujan a la desesperanza y siembran muertes.

En días recientes hemos vuelto a ver el rostro de la niñez en pobreza, en el marco de la emergencia que vive el suroeste. Muchos permanecen a la intemperie, no solo por miedo, sino por la fragilidad de sus viviendas y porque carecen de recursos para mudarse provisionalmente a otro lugar.

Estos niños urgen servicios de salud mental tras el desastre de los terremotos a menos de tres años del huracán María. Pero como el resto que comparte su realidad, siguen expuestos a retos de seguridad, de salud y ambientales derivados, a su vez, de los desafíos naturales, económicos y sociales. La pobreza reproduce vulnerabilidades. Por eso su erradicación tiene que ser prioridad en los planes para levantar a Puerto Rico sobre bases firmes.

En el marco de la emergencia causada por los terremotos de enero y el recelo hacia la institucionalidad, el tercer sector sigue ofreciendo guías y dirección al gobierno para responder con efectividad a las necesidades apremiantes de los ciudadanos. En particular, de aquellos sobre quienes recaerán lasconsecuencias de las decisiones que se tomen sobre la reconstrucción.

Los expertos que trabajaron el estudio recomiendan diez políticas que podrían tener el mayor impacto beneficioso a lo largo de los próximos diez años. Consisten en estrategias sobre impuestos, políticas económicas y laborales, otras para eliminar las barreras al empleo y políticas de desarrollo de capital humano. Deben acogerse como una prioridad.

Aún en medio de la crisis fiscal, Puerto Rico cuenta con los fondos para adoptar algunas de las estrategias propuestas. Para otras medidas hay fondos federales disponibles. En cualquier caso, lo que falta es redirigir las voluntades. La pobreza infantil hiere vidas. Es hora de empezar a evitarlo. En cada vida maltratada por la pobreza habita también el potencial de liderar grandes transformaciones económicas, científicas, culturales y sociales, para Puerto Rico y para el mundo.

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