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Vivienda segura para edificar un país fortalecido

Los sectores concernidos tienen la obligación de responder de forma diligente e innovadora a la necesidad de techo seguro de miles de familias cuyas viviendas resultaron destruidas o dañadas por la actividad telúrica.

Las agencias gubernamentales estatales, federales y municipales, así como el sector privado vinculado a la industria de bienes raíces, tienen ante sí una gran oportunidad para propiciar medidas razonables que brinden una solución, no solo a corto plazo, sino permanente a los ciudadanos afectados por los sismos.

La gobernadora ha anunciado que las personas refugiadas serán reubicadas en lugares habitables seguros en 60 días. El objetivo implica gestiones organizadas para, en una primera etapa, mudar a casas, apartamentos u hospederías a los damnificados que ahora no tienen otro techo que el refugio. Puede incluir ubicar a refugiados que poseen determinado valor adquisitivo, en viviendas de nueva adquisición.

El traslado rápido a estructuras seguras de las 4,600 personas que hasta el martes permanecían en resguardos colectivos debe proveer tranquilidad y esperanza. La adecuada puesta en vigor de la iniciativa precisa de alternativas de asistencia de acuerdo con la situación socioeconómica de cada damnificado. Se trata de individuos y familias con poco o ningún recurso económico, y de otros con capacidad financiera para ubicarse en propiedades fuera del renglón de interés social.

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres había registrado al lunes pasado 126 casas destruidas, 598 con daño mayor y 698 con daños menores, debido a la actividad sísmica.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias había recibido a esa fecha 13,000 solicitudes de ayuda vinculadas a la reciente emergencia. Asignó $2.8 millones para la respuesta directa a los damnificados. De esa partida, $1.3 millones serían para vivienda. Se identificaron otros $673,000 para subvencionar alquileres temporeros.

Al igual que tras la experiencia ciclónica de 2017, la falta de títulos de propiedad o escrituras de propiedades afectadas por los sismos podría suponer escollos para ciertas familias con necesidad de un techo seguro permanente. Esas situaciones no deben traducirse en desamparo para nadie en Puerto Rico.

Por ello resulta positivo conocer que a corto plazo el gobierno, con apoyo de la banca y la industria inmobiliaria, tendrá disponibles documentos con inventarios de propiedades. Esta es una de las distintas alternativas que es preciso identificar para el alquiler o la compra de viviendas.

Es indispensable orientar bien a los afectados sobre las opciones residenciales temporeras y permanentes. Igualmente pertinente es encaminar la reparación de domicilios certificados como rehabilitables en las inspecciones de ingeniería.

Las inspecciones de peritos han identificado 800 casas con daños reparables, por lo que su desocupación o demolición sería innecesaria. La restauración o el robustecimiento de residencias, para volverlas más resistentes a impactos sísmicos, deben llevarse a cabo a la luz de la guía de ingeniería estructural, con personal diestro debidamente supervisado. El cumplimiento con los códigos de construcción debe resultar en edificaciones seguras.

Como parte del esfuerzo, es positiva la apertura de centros con recursos interagenciales del gobierno en el suroeste y la zona central de la isla.

Es imperativo que el gobierno, en coordinación con las autoridades federales y el sector privado, logre una recuperación sólida tras la emergencia sísmica. La vivienda segura es renglón fundamental para el alcance de esa meta.

El acceso a vivienda adecuada es un derecho humano básico consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Disfrutarlo es indispensable para el bienestar físico, psicológico, social y económico de las personas y comunidades.

Puerto Rico tiene que garantizar ese derecho fundamental a los damnificados del terremoto y a las familias que aún sobreviven en casas con frágiles toldos y otras deficiencias tras el huracán María.

Ante esa realidad, urge la puesta en vigor de medidas que atiendan la seria necesidad de techo seguro en Puerto Rico. Se trata de una prioridad medular en el proyecto de reconstrucción de nuestro país, tanto de las catástrofes naturales como de las fiscales.

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