Hiram Sánchez Martínez
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Derechos fundamentales para las víctimas

Estuve tentado a no escribir más sobre el tema de la retroactividad del derecho a la unanimidad del veredicto en juicios por jurado para delincuentes que fueron correctamente condenados 11-1, 10-2 y 9-3. Y es que tras el estruendo de la reacción de las víctimas de delito a una propuesta legislativa injustificada y a destiempo, parece ser que muchos legisladores han recobrado la cordura y han decidido esperar a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelva si es constitucionalmente necesaria tal retroactividad.

Se nos había tratado de convencer de que viéramos con buenos ojos ese desespero por legislar a la carrera, sin escuchar a nadie. Los legisladores se basaban en que, aunque el Supremo federal dijera luego que no era necesario aplicar la nueva norma de manera retroactiva, los estados y los territorios podían ser más atropellantes con las víctimas y los testigos, y ser más generosos con los delincuentes ya condenados en juicios válidos. Y que en vez de recibir abucheos de parte del pueblo, ellos, los miembros de la Asamblea Legislativa, lo que merecían eran vítores y aplausos por ser tan buenos defensores de más y mejores derechos para los ya condenados (quienes, dicho sea de paso —que no se nos olvide— en este momento se presumen culpables y correctamente encerrados).

En 1952, cuando se elevó a rango constitucional criollo el derecho a juicio por jurado, la Asamblea Constituyente rechazó la idea de que los veredictos fuesen unánimes. Hasta don Luis A. Ferré votó a favor de eso. El pueblo de Puerto Rico lo confirmó en las urnas y el Congreso, lo autorizó a tenor de sus poderes plenarios de la Cláusula Colonial (Territorial). Los veredictos unánimes, sin embargo, no fueron prohibidos. A partir de entonces quedó en manos de la Asamblea Legislativa de la isla determinar por ley si adoptaban el requisito de unanimidad en los veredictos. Hasta hoy han pasado casi 70 años sin que la Legislatura hiciera nada, teniendo los veredictos por mayoría como cosa buena, sensata, razonable y justa.

Si los veredictos por mayoría en esos 70 años hubieran sido una abominación por ser inherentemente injustos, yo sería el primero en clamar por que se soltasen a la calle aun a los delincuentes más peligrosos. Pero como son veredictos que los puertorriqueños, como sociedad, diseñamos, aceptamos e hicimos valer en nuestro sistema de administración de la justicia por siete décadas —cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos creía que el veredicto por mayoría era bueno—, nada hay de pernicioso en ello. Lo que sí sería extremadamente perjudicial y abusivo sería hacer venir nuevamente a las víctimas de violación, tentativas de asesinato, robo, carjacking, actos lascivos contra niñas y niños, y otros delitos muy graves, y a sus testigos. Sin mencionar a los testigos de masacres, tráfico de drogas y armas que, si existen, serían expuestos por segunda vez al cabo de muchos años, a los riesgos de un segundo juicio. De seguro muchas víctimas y testigos preferirían que el delito quede impune a someterse a las exigencias y pérdidas de tiempo de otro juicio pasados muchos años.

La Asamblea Legislativa debería actuar aceleradamente, pero en una legislación que le dé pleno reconocimiento a la dignidad de las víctimas, que sirva para aminorar, no empeorar, el sufrimiento que todo proceso penal les acarrea a ellas y a sus familiares; legislación que les conceda “derechos fundamentales”, que eduque al país en que puede haber un balance más equitativo entre los derechos del acusado y los de las víctimas. Incluso, pienso que es hora de que los derechos de las víctimas se eleven a rango constitucional, como en otros países, y, sobre todo, que se imponga responsabilidad legal a quienes, actuando como parte del sistema de administración de la justicia, menoscaben los derechos así concedidos. Que se sepa que no solo los acusados, sino también las víctimas deben tener “derechos fundamentales”.




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