Estamos en el umbral de lo que podría ser un choque indeseado, innecesario e indeseable, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en Puerto Rico. En los últimos días, mucho se ha hablado sobre la negativa del poder ejecutivo a que algunos de sus funcionarios del área económica y fiscal acudan a unas vistas públicas al palio de la correspondiente citación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Esa negativa establece un mal precedente sobre una materia altamente discutida y resuelta tanto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como por su homólogo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa negativa muestra, además, un mollero político irracional e inoportuno, que además no responde a la nueva realineación del poder político, refrendada por los votantes en las recientes elecciones.