Jorge Colberg Toro
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¿Es viable una candidatura de Ricardo Rosselló?

Esa es la pregunta que muchos se hacen y que tiene múltiples respuestas. En el plano estrictamente legal, la respuesta es que sí. 

El Dr. Ricardo Rosselló no tiene ningún impedimento legal que le prohíba aspirar a un cargo electivo por el PNP o como candidato independiente. Por consiguiente, si reúne los documentos requeridos y radica dentro del término establecido en la ley electoral – que culmina el 30 de diciembre al mediodía - Rosselló, tendría que ser certificado como candidato a cualquier cargo público.

Ahora bien. En el plano político, la historia es otra.

Una candidatura de Rosselló tendría repercusiones impredecibles. 

Por un lado, hay líderes del PNP que cruzan los dedos para que no regrese y dicen, en voz baja, que su reinserción en la política activa tendría efectos adversos a las posibilidades de ese partido. 

Otros señalan que en la base del PNP, la fuerza de Rosselló permanece intacta, al punto que su más cercano colaborador, William Villafañe, prácticamente arrasó en las elecciones especiales del Senado, lo que fue interpretado como un espaldarazo a Rosselló. 

Ese debate debe dilucidarlo el PNP.

Ahora bien, el tema que puede ser decisivo es el hecho de que el comité de campaña de Rosselló mantiene un balance aproximado de $1.5 millones lo que - de aspirar - lo convertiría automáticamente en el candidato con mayor cantidad de recursos para cualquier cargo electivo

La pregunta es si puede usar dichos fondos; y sobre eso, el estado de derecho es claro. 

A diferencia de las disposiciones que le aplicaron al comité de la campaña del exgobernador Alejandro García Padilla - en su proceso de disolución que inició en el año 2016 - al comité de Ricardo Rosselló le aplican normativas y disposiciones de ley muy distintas ante los cambios realizados entre los años 2017 y 2018.

Al presente, existen dos nuevas fuentes de autoridad que regulan el uso de los fondos de los comités de campañas. 

La primera de ellas es la Opinión Consultiva A-103-17 emitida el 10 de abril del 2017 por la hoy gobernadora Wanda Vázquez, cuando era secretaria de Justicia.

En esa Opinión, el Departamento de Justicia establece que la Oficina del Contralor Electoral viene obligada a hacer cumplir la devolución de fondos, según disponga la Asamblea Legislativa.

La segunda fuente de autoridad es la Ley Núm. 216 del 12 de agosto del 2018, firmada por el propio Ricardo Rosselló. La misma enmienda la Ley de Financiamiento de Campañas, disponiendo, precisamente, la intención de la Asamblea Legislativa que lee:

Artículo 5.004. - Devolución. 

Si un aspirante o candidato que hubiere recibido donativos para un determinado cargo electivo por sí o a través de su comité de campaña, comité autorizado, agente o representante autorizado para una elección determinada optare por desistir antes de ésta, vendrá obligado a remitir la totalidad de los donativos no gastados en la campaña, si alguno…El aspirante o candidato que hubiere recibido tales donativos, tendrá la obligación de remitir los mismos al Secretario de Hacienda mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro bancario o postal. 

Los escenarios son claros; si Rosselló radica para un cargo electivo - después de saldar sus deudas - puede utilizar la totalidad de los fondos restantes como cualquier otro candidato. 

No obstante, si llegara la fecha del 30 de diciembre y Rosselló no radica una candidatura, deberá transferir la totalidad de los fondos al secretario de Hacienda, sin ninguna otra consideración. 

Quizás, eso explica por qué, para algunos, hay un millón quinientas mil razones para correr aunque se desate una nueva controversia en el país. En tres semanas, tendremos la respuesta.


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