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Ante la incapacidad de los distintos gobiernos de ofrecer seguridad a la ciudadanía, a finales de la década de los 80 se creó la Ley 21 para autorizar a comunidades a cerrar sus entornos. Ese estatuto también autorizó que se proveyeran su propia seguridad, contratando compañías privadas para hacer rondas preventivas en los vecindarios. Este cambio de paradigma tuvo un costo adicional al bolsillo de los consumidores, a pesar de ser contribuyentes con la legítima expectativa de que el estado proporcionase dicha seguridad. Es decir, el fracaso de los gobiernos en proveer seguridad a sus contribuyentes les ha costado millones de dólares a los consumidores.

Hoy, en pleno siglo 21, ese mismo fenómeno se repite. El fracaso de los gobiernos en proveer a la ciudadanía energía limpia y confiable provoca que los consumidores tengan que invertir en sus propios sistemas de generación eléctrica. Con la similitud de que, igual que los controles de acceso, que no están al alcance de todas las clases sociales, comprar placas solares tampoco está disponible al bolsillo de todos. Añádale a lo anterior el hecho de que una propiedad en venta que tenga su sistema de placas solares, no necesariamente aumenta su valor de tasación, como alegan algunos proveedores de estos sistemas. Esto a pesar de que el titular comprometió su crédito y bolsillo en los llamados arrendamientos de 25 años.

Este elemento podría significar un escollo en la venta de bienes raíces, porque un comprador no está obligado a asumir el contrato de arrendamiento al cual se obligó el vendedor. Si este vendedor vende por razones de impago a su hipoteca, es lógico pensar que tampoco podrá pagar el sistema arrendado, con la consecuencia crediticia que ello representa.

Por otro lado, el comprador de hoy es uno alerta y preocupado ante la situación energética del país. Este comprador estudia no solo la infraestructura eléctrica de la propiedad, sino que indaga, pregunta e investiga lo relacionado con el servicio energético del inmueble. De esta manera, razonablemente al comprador de bienes raíces le interesa saber si una servidumbre eléctrica es estable en su servicio o si está amenazada por la falta de desganche en el vecindario, tarea que sabemos está abandonada por el privatizador LUMA.

Como se aprecia, la crisis energética del país incide directamente en la venta de bienes raíces, afectando así un importante sector que por años ha sido parte del motor de nuestra economía. La inversión en sistemas propios de generación de energía es hoy alternativa necesaria en la que el retorno de inversión, en algunos casos, representa un reto sin la garantía que posiblemente algunos piensan.

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