José G. García López
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Medidas desenfocadas de austeridad fiscal en la UPR

La insistencia de la Junta de Supervisión Fiscal de continuar con los recortes presupuestarios a nuestro principal centro docente es algo que tenemos que repudiar. Ya a la Universidad de Puerto Rico se le han recortado más de $300 millones en los pasados años y también se han tomado medidas regresivas como el aumento en el costo de la matrícula y cierre de programas. Por tanto, ya la “cuota de sacrificio” ha sido demasiado de onerosa para la institución y ahora la Junta nos propone un recorte adicional de $71 millones para el próximo año fiscal. La pregunta que debemos hacernos es ¿hasta donde quiere llevar el ente federal a la UPR con sus medidas desenfocadas de austeridad fiscal? 

Como estudioso de los procesos de privatización a nivel global, algunos de los cuales han tenido resultados positivos, me parece que desmantelar a la UPR como institución del estado es una estrategia incorrecta que representa un alto costo social para el país. De ocurrir esto, perderíamos quizás a nuestro único proyecto social de vanguardia que sigue rindiendo grandes frutos. Por eso, no quisiera pensar que todo esto es una estrategia para privatizar la educación pública superior en Puerto Rico. 

Es importante tener en cuenta que el sistema de la UPR, con sus 11 recintos, tiene un impacto socioeconómico de grandes dimensiones en la economía y sociedad puertorriqueña. De acuerdo con un estudio realizado por los distinguidos colegas y profesores José Alameda y Alfredo González, la UPR genera una producción directa de $12,530.6 millones y $7,050.9 millones de forma indirecta, es decir un total $19,585.1 millones en toda nuestra economía. En términos de empleo, la UPR propició la creación de casi 68,000 empleos directos, indirectos e inducidos (impacto de los salarios e ingresos de suplidores sobre los gastos de consumo) durante el periodo 2010-15. Toda esta actividad económica generada por el sistema universitario público representó el 6.8% del empleo total, el 5.1% de los salarios totales y el 2.6% de la demanda final de la economía en la isla, según Alameda y González

Otro aspecto que se abordó en este estudio fue como la UPR ha contribuido aumentar la formación del capital humano por medio de sus programas educativos a nivel subgraduado y graduado a través de los últimos años. Por ejemplo, se estimó que a base de los 162,951 estudiantes graduados durante el periodo de 1999-2015, la UPR contribuyó a aumentar el valor del capital humano a más de $126 mil millones. Esto sin duda es otro indicador del rendimiento social que genera la inversión del estado en la universidad. Además, es un reflejo indirecto de la movilidad social inducida por la universidad.

Como vemos, esta es una muestra clara de lo que representa la UPR para nuestro país en la actualidad y lo que perdería (costo de oportunidad) de continuar con las medidas fiscales tomadas. 

Creo que toda la comunidad universitaria, exalumnos y ciudadanos debemos levantar nuestra voz de alarma y expresar un firme rechazo a la Junta de Supervisión Fiscal por querer destruir al principal patrimonio educativo, cultural y social que nos queda. Además, la UPR ha sido y continúa siendo un instrumento de desarrollo muy efectivo para la transformación socioeconómica y científica.

¡Vamos todos a defender unidos la permanencia y estabilidad económica de nuestra Alma Mater! Esa debe ser la nueva consigna.





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