Son muchos los años paseándome por los jardines- en ocasiones bosques- del derecho, pero nunca había tenido la hermosa oportunidad de presenciar conversaciones de mis conciudadanos de todas las esferas sociales transformando nuestra Constitución en un documento vivo y poderoso. En una cafetería de mi querida isla de Vieques, mientras atendían mi pedido, me explicaban la importancia de la democracia y de nuestra Constitución como garante fundamental de dicho proceso. Fue algo nunca antes visto, al menos por mí y llevo unos añitos en esta vida…

Para mí en especial y lo invoco como privilegio personal, es un momento jubiloso que me hace puntualizar que no podemos olvidar que esa Constitución de Puerto Rico -de la cual todos hablamos- tuvo como modelo una concepción de derechos humanos enmarcada en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Es preciso recordar que nuestros representantes en la Asamblea Constituyente no dejaron de tener como norte dicha Declaración Universal, un documento que los pueblos - los verdaderos protagonistas- se han encargado de defender y de izar como gran bandera en sus luchas. Es preciso recordar que la democracia, en todas sus manifestaciones y particularmente aquella que el pueblo de Puerto Rico recientemente tuvo la garra para defender, es el lugar donde esos derechos se realizan. Es preciso recordar que en su artículo 21.3 la Declaración dispone que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Es preciso recordar que la democracia requiere de la vigilancia y cumplimiento de los derechos, comenzando con nuestra Constitución, carta suprema en jerarquía.

Es preciso también recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó dicha Declaración Universal “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

Vale recordar también que cuando hablamos de las instituciones que deben regir en una democracia, ese discurso que origina en la Declaración Universal y que inspiró a nuestra Constitución ha sido históricamente reforzado ante la realidad de individuos y comunidades marginales emergentes que reclaman el derecho a una dignidad humana, ampliamente concebida.

Pero esa dignidad humana que se entroniza en la Declaración Universal, y que permanece como zapata fundamental inalterada, reconoce a la democracia como su fuerza vital. Como bien señala el profesor Javier Colón Morera, la dignidad humana no existe en un vacío institucional -ciertos arreglos institucionales como los democráticos, propenden a promover el ejercicio de derechos. Afortunadamente pocos en Puerto Rico dudan que la defensa de una democracia es un derecho fundamentalísimo.

De modo que cuando revisamos los artículos de nuestra Constitución referentes al poder ejecutivo y la participación requerida de la rama legislativa en el nombramiento de un gobernador en tiempos revueltos, conviene retrotraernos a los documentos universales para permitirles que iluminen discusiones políticas, ciudadanas y jurídicas a la altura de estos tiempos.

La Constitución viva a la que se refieren los puertorriqueños y mi amiga en la cafetería viequense está muy bien acompañada por mandatos universales que enmarcan la dignidad humana en procesos participativos democráticos.

No olvidemos.