El año fiscal 2023 comenzó la semana pasada y cuenta con un presupuesto que fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal cuando la legislatura dejó vencer el plazo de tiempo que tenía para aprobar el suyo. Algo que salta a la vista al mirar los números es que este no es un presupuesto de austeridad, por lo menos a nivel agregado, aunque en algunas de sus partes sí lo sea.

En el debate público sobre este tema se ha resaltado la negativa de la Junta a permitir la continuación del Fondo de Equiparación municipal, con lo cual muchos alcaldes podrían verse obligados a hacer ajustes drásticos en las operaciones municipales, y también el que la Universidad de Puerto Rico sigue recibiendo una suma muy inferior a la que se le otorgaba en el pasado. Sin embargo, el presupuesto total (o consolidado, como se le llama) contempla casi siete mil millones de dólares más que el que se certificó para el año fiscal 2022, lo que representa un incremento de más de 30 por ciento.

El presupuesto consolidado consta de tres grandes componentes: el fondo general, los fondos de ingresos especiales y los fondos federales. En cada uno de estos hay aumentos muy sustanciales comparados con los números del año fiscal pasado. El fondo general es ahora de 12,400 millones de dólares, que es 23 por ciento más que los 10,112 millones de dólares del año previo. Los fondos especiales aumentan 28 por ciento, de unos 3,500 millones de dólares el año pasado a 4,500 millones de dólares en el presente año fiscal. Por último, los fondos federales superan los 11,000 millones de dólares y aumentan más de 44 por ciento de un año fiscal al otro.

La suma total de recursos para el gasto gubernamental llega a 28,162 millones de dólares, y es 31.5 por ciento más que el total del año fiscal 2022. Aun restándole una inflación que puede estar alrededor de 6 por ciento en el año fiscal recién comenzado, los números indican un aumento real de más de 25% en el gasto planeado. Eso es un presupuesto de estímulo, no de austeridad, por lo menos en el agregado, como ya se dijo.

Hay que añadir que los más de 11,000 millones de dólares de fondos federales en este presupuesto no son la totalidad de fondos federales que entrarían a la economía durante el año fiscal actual, ya que una parte sustancial de los fondos para la reconstrucción post-desastres se canalizan a través de los municipios y otras entidades. Al sumarse esto al plan de gastos gubernamentales, se tiene un cuadro de estímulo fiscal fuerte que debe servir para proteger a la economía local de la recesión que se avecina en la economía de Estados Unidos.

Conviene recordar también que este presupuesto ya contiene pagos para el servicio de la deuda del gobierno central, los cuales se reanudan bajo el acuerdo de renegociación de la deuda después de más de cinco años de incumplimiento. Y sería, además, el segundo presupuesto balanceado en la serie de cuatro que se tienen que realizar antes de que se pueda disolver la Junta de Supervisión Fiscal. Es notable que aún con estas restricciones se pueda proponer un incremento sustancial en el total de recursos para la administración pública.

A pesar de lo dicho, algunos sectores siguen enfrentándose a una situación de aguda estrechez fiscal, en particular los municipios y la Universidad de Puerto Rico. A esta última se le asignan 551 millones de dólares, que sigue siendo mucho menos de lo que recibía la institución antes de que la Junta le impusiera un programa severo de recortes. Los municipios, por su parte, no pueden usar fondos de FEMA para servicios básicos como la seguridad y el recogido de basura, y muchos se verán obligados a reducir operaciones. Es ahí donde se siente la falta de acción a tiempo por parte de la legislatura para no dejarle la fijación de prioridades solamente a la Junta.

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