Aproximadamente cuatro millones de accionistas del Puerto Rico Residents Tax Free Fund Inc. (PRITF I) votaron a favor de la propuesta de Ocean Capital, que pretende rescindir los contratos de asesoría y gestión de UBS Financial Services of Puerto Rico y Popular Asset Management sobre la primera familia de fondos mutuos cerrados que se estableció en la isla.

El resultado de la votación se dio a conocer la semana pasada por Ocean Capital, firma de inversiones que lleva años abogando por una reorganización de los instrumentos de inversión. El anuncio se produjo luego de celebrarse una asamblea anual, donde, además, los accionistas eligieron al candidato de Ocean Capital, Ian McCarthy, para el Consejo de Administración del fondo con un abrumador apoyo de 36 a favor y uno en contra.

Los accionistas ya han votado a favor de los candidatos de Ocean Capital para puestos directivos en ocho asambleas anuales que los fondos se niegan a reconocer, indicó la firma.

La puja entre Ocean Capital, firma que posee el 13% de las acciones de PRITF I, y el banco de inversiones UBS para transformar el liderato de la familia de fondos mutuos cerrados de Puerto Rico tiene su génesis en 2021. Desde entonces, la firma ha llevado a cabo, sin éxito, campañas para nombrar nuevos consejeros independientes.

“Los accionistas han hablado una vez más; se necesitan nuevos líderes para mejorar el rendimiento y la gobernanza de los fondos. A pesar de este claro y persistente mandato de cambio, UBS, Popular Asset Management y los directores atrincherados de los fondos se niegan a hacerse a un lado”, expresó William Heath Hawk, fundador de Ocean Capital.

“Es decepcionante que los fondos sigan escondiéndose detrás de costosos litigios -cuyos costos corren a cargo de los accionistas- para eludir un cambio que debería haberse producido hace tiempo”, reza la declaración del banquero de inversiones.

En junio de 2022, la firma de inversiones recurrió al Tribunal de Primera Instancia para que se reconocieran los dos directivos propuestos y que fueron electos por los accionistas -Brent Rosenthal y José Izquierdo II-, alegando que el PRITF I se niega a reconocer la sustitución de Carlos Nido y Luis M. Pellot.

Un año antes, Ocean Capital también intentó reestructurar la gobernanza de los fondos Tax Free Fixed Income Fund IV y V, diseñados por UBS exclusivamente para residentes de Puerto Rico. Sin embargo, UBS alegó que se trataba de una estrategia de la firma –junto con First Southern- para liquidar tales fondos de inversiones y obtener ganancias.

Se estima que los fondos ya han gastado más de $5 millones en asesores externos para luchar contra Ocean Capital y otros inversores.

Anteriormente, UBS había objetado los procesos de votación y de designación de directivos por parte de Ocean Capital señalando que los mecanismos empleados serían ultravires.

El Nuevo Día solicitó una reacción a UBS sobre la situación, pero al momento de la publicación de este artículo, no había recibido respuesta.

Mientras Ocean Capital insiste en que los directores se han mantenido “atrincherados” en sus puestos y cobrando sus honorarios por un más de 5,200 días –más de seis años y medio-, ello a pesar de los resultados de las elecciones.

“La votación de los accionistas de la semana pasada marca ahora la octava Asamblea Anual y la tercera Asamblea Anual consecutiva de PRITF I en la que los candidatos de Ocean Capital han recibido suficientes votos para ser elegidos por márgenes significativos”, insistió Heath Hawk.

“Es hora de que Carlos Nido, Luis M. Pellot, Enrique Vila del Corral, Gabriel Pagán Pedrero, Carlos V. Ubiñas, Vicente León, José J. Villamil, y Clotilde Pérez o Jorge I. Vallejo renuncien a sus cargos indebidamente ocupados, y de que PRITF I finalice inmediatamente sus acuerdos de gestión con UBS y Popular Asset Management. Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que se reconozca y respete la voz de los accionistas”.

Por alrededor de una década, los accionistas de fondos mutuos cerrados de Puerto Rico experimentaron cientos de millones de dólares en pérdidas como resultado de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. La caída en el valor de tales instrumentos se tradujo, asimismo, en una cuadro de iliquidez, situación que, según fuentes de este diario, ha puesto en precario a miles de ahorristas en la isla.

Aunque cada fondo cuenta con su propia junta de directores, algunos han cuestionado la independencia de los directivos y que, presuntamente, sean nombrados por la casa de inversiones, asunto que UBS ha rechazado en ocasiones anteriores.