La OCIF emitió una querella contra los banqueros venezolanos Tomás Niembro Concha y Juan Ramírez Silva, por supuestas movidas fraudulentas en perjuicio de los clientes y les prohibió hacer negocios en Puerto Rico por una década
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En una movida poco vista y mientras miles de personas aguardan recuperar su dinero, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitió este jueves una querella y orden para descorrer el velo corporativo Nodus International Bank, Inc. y reclamar que los accionistas de la entidad bancaria internacional (EBI) restituyan con dinero propio más de $26.8 millones a depositantes y acreedores.
Es la primera vez que la OCIF toma una acción de ese tipo contra una entidad financiera, confirmó a El Nuevo Día, la comisionada Natalia Zequeira Díaz.
En síntesis, la querella ordena a Tomás Niembro Concha, un banquero de origen venezolano que encara otras controversias por el manejo de otras instituciones financieras en su país y presidente de Nodus que restituya la millonaria cifra. La orden también pesa contra Juan Ramírez Silva, presidente de la junta de directores de Nodus. Mientras Niembro Concha es dueño del 60% de las acciones de Nodus, Ramírez Silva es dueño del restante 40% de las acciones de la EBI.
La orden de la OCIF también prohíbe a ambos banqueros realizar negocios en Puerto Rico, directa o indirectamente, por un periodo de 10 años.
”Esto (la Querella y Orden) es para hacer valer los derechos de los depositantes”, sentenció Zaqueira Díaz en una breve entrevista telefónica con El Nuevo Día.
La comisionada explicó que “descorrer el velo corporativo quiere decir que estos accionistas que fueron responsables por defraudar a los depositantes y acreedores de Nodus y de provocar la insolvencia de la EBI no podrán esconderse tras la entidad corporativa sino que tendrán que responder con sus bienes y patrimonios personales para restituirles lo debido a dichos depositantes y acreedores”.
Recientemente, la comisionada Zequeira Díaz reconoció a este diario que el proceso de liquidación de Nodus ha sido el “reto más grande” de la oficina que encabeza y admitió entonces que miles de depositantes sufrirían pérdidas.
Nodus opera en Puerto Rico desde 2009 y posteriormente, fue adquirido por Niembro Concha. Por tratarse de una EBI, la totalidad de los clientes de Nodus son internacionales, particularmente, depositantes clientes en Argentina, Venezuela, Colombia y otros países latinoamericanos.
La liquidación de Nodus comenzó en mayo del pasado año y desde entonces sus cerca de 3,000 clientes -en su mayoría, venezolanos que confiaron sus ahorros en la EBI- reclaman conocer qué pasará con sus depósitos. Según Zequeira Díaz, Nodus custodiaba unos $86millones en depósitos.
Luego de que Niembro Concha incumplió con el plan de liquidación, en mayo de 2023, la OCIF revocó la licencia de la EBI y se impuso una sindicatura permanente hasta que culmine el proceso de liquidación.
A pesar de tales determinaciones regulatorias, los directivos del banco continuaron incumpliendo con las leyes y reglamentos que rigen las operaciones de las EBI en Puerto Rico, ejecutanto transacciones ilícitas o fraudulentas, incluyendo agenciarse para sí mismos remuneraciones no autorizadas, y procurando migrar cuentas de depositantes de Nodus a otras entidades financieras propiedad de o controladas por Niembro Concha y Ramírez Silva, hechos que se detallan en la querella de la OCIF.
El detonate para que la OCIF tomara la decisión disciplinaria contra los accionistas fue la adquisición de una cartera de préstamos de una financiera afiliada -de los mismos accionistas- Nodus Finance, movida que alega la OCIF, “puso a los depositantes en una situación peor de la que estaban y beneficiaba a los accionistas”, indicó Natalia Zequeira.
La cartera de préstamos, que ascendía a unos $84 millones, era en su mayoría de Venezuela, no tenía colateral y tampoco tenía garantía, detalló.
Así las cosas, la OCIF concluyó que Niembro Concha y Ramírez Silva no tienen ni tuvieron interés alguno en proteger a sus depositantes y clientes, sino que buscaron continuar enriqueciéndose a través de una serie de transacciones no contempladas en el Plan de Liquidación para su propio beneficio económico, ello en “grave menosprecio de las obligaciones de la corporación para con la OCIF y con sus clientes y acreedores”.
”Esa conducta es temeraria y equivale en términos prácticos a la intención de defraudar a las personas que razonablemente se debe prever que han de ser impactadas de forma negativa por los riesgos inherentes al desarrollo de la actividad corporativa…, este tipo de conducta fraudulenta y en menosprecio de los intereses de los acreedores es la que con plena legitimidad sirve de apoyo para descorrer el velo de la personalidad jurídica de una corporación”, reza el documento.
La restitución de los $26.8 millones que deben hacer los dos banqueros son por la compra de la cartera de préstamos a Nodus Finance y unas multas por el pago de dividendos no autorizados.
”Ante el estado de insolvencia de Nodus como consecuencia de las actuaciones fraudulentas del Niembro y de Ramírez, corresponde que éstos respondan personalmente por las deudas de la entidad. Por ello, la OCIF tiene base suficiente, en virtud de, entre otras, la Ley Núm. 4-1985 y la Ley Núm. 52-1989, para activar sus amplios poderes para evitar que se cause o pudiera causar un daño irreparable a los intereses de Nodus, y/o de las personas y entidades con fondos o valores en la institución y los acreedores de dicha entidad”, concluye la querella y orden.
Conforme al debido proceso de ley, Nodus tiene 20 días para solicitar la celebración de una vista y presentar su contestación por escrito.
La OCIF señalaría el asunto para vista dentro de los próximos 15 días a los fines de brindarle a la parte afectada, la oportunidad de ser oído, pero la presentación de una solicitud de vista no paralizará, ni modificará de manera alguna los términos de la querella y orden a menos que la OCIF disponga otra cosa.
De no solicitarse la vista, la OCIF entenderá que la parte afectada se allanó y que consintió a la expedición de las órdenes y multas propuestas, por lo que puede hacer cumplir la querella y orden sin mayor dilación ni notificación adicional.
Celebrada la vista, cualquier parte adversamente afectada por cualquier resolución u orden parcial o final de la OCIF podrá solicitar reconsideración dentro del término de 30 días y, posteriormente, presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.
La comisionada se mostró convencida de que los banqueros se opondrán a la acción de la OCIF, por lo que están preparados para elevar el pleito a tribunales.
”Se reconoce que la acción que tomamos hoy de descorrer el velo corporativo, si bien sólidamente fundamentada en ley y reglamento, es una acción extraordinaria pero necesaria para hacer a estos individuos, que con sus acciones fraudulentas y contrarias a sus deberes de fiducia provocaron la insolvencia de Nodus, ahora tengan que responder personal y solidariamente con sus bienes y patrimonios personales para restituir a los depositantes y acreedores de Nodus defraudados por ellos”, expuso la funcionaria.
Zequeira Díaz agregó que la OCIF busca proteger contra daño irreparable no solo los intereses de la EBI y de las personas y entidades con fondos o valores en la institución sino, en última instancia, la solidez y reputación del sistema financiero de Puerto Rico, incluyendo el Centro Bancario Internacional.
“La OCIF no va a permitir ni tolerar que entidades financieras que ostenten licencias expedidas por el Gobierno de Puerto Rico operen al margen de la ley o ignoren los mandatos claros de los estatutos y reglamentos aplicables”, agregó.
El mes pasado, Zequeira Díaz emitió la Carta Circular CIF-CC-2024-001 para establecer guías interpretativas en torno al proceso de disolución y/o liquidación de EBIs y Entidades Financieras Internacionales (EFIs), según dispuesto en la Ley 52-1989 y la Ley 273-2012, respectivamente, con el propósito de uniformar, proveer transparencia y maximizar el repago a los depositantes y acreedores en el evento de disolución o liquidación de una entidad internacional y para armonizar dichos procesos en Puerto Rico con aquellos dispuestos en otras jurisdicciones.
Nodus no es el único caso en liquidación que maneja la OCIF. El regulador financiero estatal ha puesto en marcha unos 22 planes de liquidación de instituciones internacionales, algunos de manera voluntaria y otros mediante orden.
Otro de los procesos de liquidación más turbulentos que mantiene la OCIF es el de Bancrédito International Bank and Trust Corporation, institución que fue multada por la Red de Delitos Financieros (FinCEN en inglés) por unos $15 millones, luego de admitir haber violado intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) por espacio de siete años de operación en Puerto Rico.
En febrero pasado, el Departamento del Tesoro federal eliminó a las instituciones financieras internacionales que regula la OCIF y a las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico de su lista de entidades riesgosas al sistema financiero estadounidense.
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