Los directivos de tres de las empresas que cuentan con contratos de Alianza Público Privada (APP) en Puerto Rico aseguraron este miércoles que han cumplido con los requerimientos que les hizo el gobierno para operar los activos públicos a su cargo.

A juicio de Guillermo Gil Díaz, principal oficial legal de Aerostar Airports Holdings, el operador ha cumplido con todos los requerimientos del gobierno establecidos en el contrato como operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y que incluyen remodelar y aumentar el tráfico de pasajeros del principal puerto aéreo de la isla.

“La realidad es que de la encomienda a lo que se ha logrado, hemos llegado a cumplir esa encomienda y estamos en fin de sobrepasarla. La realidad es que en los próximos cinco años estamos pensando invertir alrededor de $400 millones”, dijo Gil Díaz.

Las expresiones se dieron este miércoles en el Foro Empresarial Alianzas Público-Privadas de la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico, durante el panel Impacto Económico de las APP en el que participaron los directivos de tres de las principales P3 en la isla: Aerostar, Metropistas y San Juan Cruise Port (SJCP).

La APP con Aerostar se finiquitó en 2012 y desde entonces se han invertido sobre $400 millones en mejoras capitales. El operador espera que, este año, se reporte un tráfico de 14 millones de pasajeros.

Uno de los primeros contratos de APP en la isla fue con Metropistas, encargado de operar, mantener y mejorar las principales vías de Puerto Rico.

De acuerdo con Julián Fernández, CEO de Metropistas, en los primeros cinco años, el compromiso era mejorar la infraestructura al nivel que se esperaba. Sin embargo, mucho ha tenido que ver con la flexibilidad de hacer, sobre la marcha, cambios en el contrato.

“No hay ningún contrato que prediga exactamente lo que va a pasar, así que hay que ser flexibles”, subrayó el también presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico.

Hasta el momento, Metropistas brinda servicios de operación, mantenimiento y mejora de carreteras en 26 municipios.

Por su parte, Clarivette Díaz, gerente general de SJCP, indicó que la encomienda del gobierno fue mejorar la infraestructura de los muelles para recibir cruceros de hasta 5,000 pasajeros.

“Una de las cosas más difíciles (de las APP) es el hecho de las expectativas. Cosas que no se han hecho a través de 15 o 20 años, en ocasiones, se tiene una expactativa de que en uno o dos años van a estar resueltas”, dijo Díaz.

SJCP es una subsidiaria de Global Ports Holding (GPH), el operador de muelles más grande del mundo, su contrato de APP con la Autoridad de los Puertos (APPR) tiene una duración de 30 años y contempla una inversión de $425 millones.

Puerto Rico aprobó en 2009 la Ley 29 para crear la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), estatuto que promueve proyectos como concesiones de carreteras, aeropuertos y energía, buscando optimizar los activos públicos, involucrando el capital privado.

En el programa del foro, en el que asistieron 180 personas del sector público y privado de la isla, no figuró la participación de dos de las alianzas público privadas más controvertidas, los contratos en energía para transmisión y generación térmica, bajo la gestión de LUMA Energy y Genera PR.

No obstante, el zar de energía, Josué Colón, defendió las APP insistiendo que “han permitido que la infraestructura importante de Puerto Rico pueda seguir avanzando, incluyendo el campo de la energía, a pesar de lo que se está diciendo, incluyendo proyectos de energía renovable. Todo eso ha podido desarrollar gracias a la Ley 29”.

Uno de los principales problemas que enfrentan los contratos de APP es el desfase que existe en la comunicación de los operadores privados y las necesidades reales que tienen los activos del gobierno, señaló Graham Castillo, presidente de Estudios Técnicos, ETI.

El economista explicó que a pesar de que las APP pueden tener un componente importante de inversión de capital, su mayor valor agregado es aportar a la competitividad de la isla, en algunos de los casos, versus el impacto económico de otros.

“Existe un desfase entre la comunicación de las necesidades y la realidad actual de la situación (de bien público). Para mí, poniéndome en el lugar de un consumidor, era evidente los serios problemas que teníamos en carreteras (y) la infraestructura del aeropuerto, ¿la ciudadanía sabe eso? o ¿se comunica eso?”, expresó Castillo.

Se estima que los acuerdos de APP representan una inversión para Puerto Rico de unos $14,000 millones que directa e indirectamente van al gobierno de Puerto Rico.

De acuerdo con el presidente de ETI, el impacto económico de las APP en la isla está definido por las diferentes exigencias contractuales que se acuerden entre el gobierno y la empresa privada.

“Nosotros tenemos que fortalecer los mecanismos de transparencia, comunicación y gobernanza (de las APP)”, insistió Castillo.

“En la medida en que queremos sostener este tipo de mecanismo y manejar el riesgo político de transición, es importante estudiar y comunicar adecuadamente lo que es el estudio de deseabilidad, para comunicarle a la ciudadanía si esto (la APP) tiene sentido o no para proteger el interés público”, continuó.