El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, confirmó el domingo que LUMA Energy presentó una solicitud de decreto bajo el Código de Incentivos (Ley 60 de 2019) que le proveería a la operadora una serie de beneficios contributivos, pero rechazó que tal petición haya sido concedida.

“Si bien confirmamos que tal solicitud fue presentada, es preciso aclarar que la misma no ha sido aprobada. Al presente, esta se encuentra en proceso de evaluación interagencial y municipal, según establecido en ley”, señaló el funcionario a través de expresiones escritas.

“Asimismo, aclaramos que los contratistas y subcontratistas de entidades Alianzas Públicos Privadas haciendo obras en la red eléctrica, tienen que pagar arbitrios y patentes a los municipios, sin exención alguna”, agregó en la comunicación.

En pasadas semanas, el DDEC circuló a una treintena de municipios un borrador de decreto bajo el Código de Incentivos que, según el texto, proveería a LUMA Energy una serie de beneficios contributivos bajo las disposiciones aplicables a negocios que se dedican “a la producción o venta de energía verde a escala comercial para consumo”.

Los beneficios que se enumeran en las secciones 2071 y 2072 del Código de Incentivos incluyen una tasa preferencial de 4% sobre los “ingresos de energía verde” y exenciones de 75% sobre la propiedad mueble e inmueble, 50% en los pagos de patentes municipales establecidas por ordenanzas y 75% por arbitrios de construcción.

Luego de trascender la información, el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales, Reinaldo Paniagua, se expresó preocupado por el impacto que la propuesta pueda tener sobre las finanzas de los municipios. De aprobarse, los contratistas y subcontratistas que realizan trabajos para LUMA Energy recibirían una exención de hasta un 75% sobre cualquier impuesto o arbitrio municipal.

Mientras, para el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, el decreto solicitado cuenta con visos “de ilegalidad” debido a que las asignaciones federales para proyectos de reconstrucción –que, en el caso de la red eléctrica, superan los $10,000 millones– toman en cuenta el costo de los arbitrios municipales.

En tanto, en un memorando a los alcaldes novoprogresistas con fecha del 22 de abril, el director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, Axel “Chino” Roque Gracia, alertó que, de materializarse el decreto, incidiría sobre unos $604 millones que suponen el “volumen mínimo anual combinado de negocio” de LUMA Energy, acorde a su contrato de operación y mantenimiento. La comunicación, asimismo, recomendó a los ejecutivos municipales presentar una objeción ante el DDEC.

“Los incentivos contributivos son una herramienta importante para el desarrollo económico, para promover inversiones nuevas, aumentar la competitividad de las empresas locales y lograr la atracción de capital, entre otros objetivos. Ahora bien, cuando la solicitud de incentivo no cumple con algunos de estos, pudiera ser contra producente proceder con el incentivo”, estipuló Cidre.

“Es por lo anterior, que la Ley 60 provee para que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio evalúe los méritos de dicha solicitud, su impacto positivo o negativo sobre la economía, al igual que su costo fiscal, incluidos los municipios, y basado en ello, poder denegar una solicitud”, subrayó el jede del DDEC.

Al momento de esta publicación, LUMA Energy no había respondido a una petición de reacción de El Nuevo Día.

La precandidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, se expresó en contra de la solicitud, lo que, dijo, sería “un trato preferencial a contratistas de LUMA”.

“Nuevamente el gobernador pone los intereses de LUMA por encima del pueblo y los municipios. Ningún contratista o subcontratista de agencia o municipio está exento del pago de patentes y arbitrios de construcción. ¿Por qué eximir a los contratistas de LUMA, compañía con trayectoria de contratar a compañías subsidiarias y relacionadas? ¿Cómo este decreto redunda en un beneficio para nuestra gente?”, cuestionó la contrincante política del gobernador Pedro Pierluisi en las primarias del próximo 2 de junio.

Asimismo, la comisionada residente en Washington alegó que la medida tendría un impacto de $600 millones sobre los municipios, fondos que los ayuntamientos utilizan para ofrecer servicios esenciales. “Aquí quien único sale beneficiado es LUMA, sin nada a cambio a favor de nuestro pueblo. Tan sencillo como eso. Hago un llamado para que todo trámite que se este llevando a cabo a favor de la otorgación de este decreto se paralice inmediatamente”, reclamó González.

El borrador, al que tuvo acceso El Nuevo Día, detalla que el plazo para que las partes interesadas presenten objeción vence el 30 de abril, es decir, este martes.