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Legislatura evalúa múltiples medidas para enmendar la ley que permitió la liberación de Hermes Ávila Vázquez

A través de la Ley 25 de 1992, se conceden permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con sida o alguna enfermedad terminal

7 de mayo de 2024 - 2:36 PM

Una de las medidas presentadas propone que todo reo egresado bajo la Ley 25 de 1992 sea sometido a vigilancia electrónica. (VANESSA SERRA DIAZ)

Por Leysa Caro González

Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Tras la liberación de Hermes Ávila Vázquez en medio de un proceso plagado de cuestionamientos por supuestos malos manejos, la Asamblea Legislativa tiene ante su consideración diversas medidas –recién radicadas– que trastocan, de una forma u otra, la Ley 25 de 1992, el estatuto bajo el cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) excarceló al convicto por asesinato.

Algunos de los proyectos –sometidos entre el 30 de abril y 7 de mayo– procuran establecer controles adicionales a los parámetros que rigen el proceso de liberación, mientras otros buscan imponer nuevos requisitos al peticionario una vez regresa a la libre comunidad, como sería, por ejemplo, la colocación de un grillete electrónico.

Asimismo, se han radicado dos resoluciones para investigar la excarcelación Ávila Vázquez, quien ahora enfrenta cargos por el asesinato de Ivette Joan Meléndez, reportado el 22 de abril, en Manatí.

A través de la Ley 25 de 1992 se conceden permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o alguna enfermedad terminal. Ávila Vázquez logró su excarcelación tras fingir paraplejia.

Pero, ¿cuáles son esas medidas y qué buscan? A continuación, un resumen:

Proyecto de la Cámara 2139. Presentado por el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, pone en manos de los tribunales la excarcelación de confinados bajo la Ley 25 de 1992. Según la medida, una vez el DCR complete el trámite administrativo, sometería el expediente del solicitante al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) para que sean estas entidades las que tomen la decisión final en base a derecho. El proyecto también otorga a la OAT la facultad de supervisar al convicto “hasta que este muera”.
Proyecto del Senado 1466. Dispone que toda solicitud radicada al amparo de la Ley 25 de1992 por personas convictas por feminicidio, agresión sexual, actos lascivos, incesto, trata humana, acecho, venganza pornográfica y violencia doméstica, esté acompañada de una recomendación del secretario de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y un psicólogo certificado. Asimismo, la senadora Nitza Morán, quien presentó la medida a petición de la procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, propone eliminar de la ley la referencia directa al sida, ya que los avances médicos y científicos han logrado que la enfermedad “no represente una sentencia de muerte, sino una condición crónica manejable”.
Proyecto del Senado 1467. De la autoría de la senadora del Partido Popular Democrático, Migdalia González, tiene como objetivo enmendar la Ley 25 de 1992, a los efectos de requerir que todo reo egresado bajo este estatuto lleve vigilancia electrónica. Este cambio aplicaría a los convictos de asesinato, agresión sexual, incesto, actos lascivos, maltrato de menores y violencia doméstica.
Proyecto de la Cámara 2142. Esta medida, presentada por la representante popular Jocelyne Rodríguez, pretende dejar fuera de la Ley 25 de 1992 a las personas convictas por agresión sexual, actos lascivos, incesto o pornografía infantil, en todas sus modalidades.
Resolución del Senado 933. El independiente José Vargas Vidot propone que las comisiones de Salud Mental y Adicción y de lo Jurídico del Senado investiguen el manejo administrativo de las excarcelaciones de reos al amparo de la Ley 25 de 1992 y la cantidad de pases otorgados desde la vigencia del estatuto, así como el cumplimiento –por parte del panel médico– de las disposiciones dispuestas para conceder el beneficio.
Resolución de la Cámara 1161. Esta medida, del representante Roberto Ruiz Rivera de Porras, pone en manos de la Comisión de Seguridad y de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara investigar el procedimiento llevado a cabo por el DCR para liberar a Ávila Vázquez.