Hubo un punto en el que Sigfrido* pensó darse por vencido. Antes ocurrió esto: trabajó por 30 años en la industria de la farmacéutica y durante ese tiempo ahorró lo suficiente como para retirarse temprano y, de paso, invertir su retiro en bonos de Puerto Rico cuando hacerlo, claro, era una buena apuesta. Era el 2003.
Al principio resultó: podía vivir cómodo con el pago del interés, unos $1,600 mensuales. La idea, además, era utilizar parte de ese dinero para, llegado el momento, costear parte de los estudios universitarios de su hijo y el cuidado médico de su hija discapacitada.
Pero en el 2015, los $1,600 mensuales de Sigfrido bajaron a entre $200 y $300 –una pérdida de cerca del 80%–. Ese mismo año, el gobierno anunció que la deuda era impagable. En el 2016, Puerto Rico cumpliría una década en recesión económica. Durante esos diez años, Sigfrido vio cómo se desmoronaba su inversión, y él mismo.
"Fue un proceso duro. Te da depresión, al nivel de que no puedes hacer nada", dijo.
Hubo un punto en el que Sigfrido pensó darse por vencido y ejecutar el 20% restante de su inversión. Hasta que leyó en el periódico sobre la posibilidad de recuperar parte de ella.
Un proceso alterno
Se estima 60,000 puertorriqueños son tenedores de un 20% de los $72 mil millones –esto es, casi $15 mil millones– de la deuda pública puertorriqueña, según un reportaje de Prensa Asociada.
Mucha de esa deuda se compró vía fondos mutuos organizados por casas de corretaje. Dicho de otro modo, estas casas agrupaban a individuos que habían ahorrado toda su vida en cuentas 401(k) o IRA para comprar los bonos del gobierno, bonos hoy degradados.
Lo anterior resume el caso del bonista promedio con el que se topa el licenciado Osvaldo Carlo, de Carlo Law Offices. Junto al bufete Klayman & Toskes, ha trabajado con éxito miles de casos como el de Sigfrido ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés).
"Cuando abres una cuenta de inversión con una casa de corretaje, como parte de los documentos, hay un contrato de adhesión que obliga a las partes a llevar los reclamos ante un foro de arbitraje, que es la FINRA", explicó Carlo.
Las ventajas de llevar un caso ante la FINRA son varias: a diferencia de un proceso judicial, la participación del inversionista afectado es mínima; no hay descubrimiento de prueba, solo interrogatorios por escrito y producción de documentos–; y la mayoría de los casos –un 85% a 90%, en la experiencia de Carlo– terminan en una transacción favorable para el inversionista, independientemente de que haya tenido una pérdida realizada (que haya vendido la inversión por menos de su monto original) o no realizada (que la pérdida esté en papeles y no se haya materializado). Este tiene seis años para presentar la reclamación.
Entre que Sigfrido leyó el anuncio en el periódico y llamó a las oficinas de Carlo Law Offices pasaron tres meses. Sucaso se transigió en dos años –mucho más rápido que en un proceso judicial ordinario– y pudo recuperar una parte cuantiosa de su inversión.
"Ellos me explicaron el procedimiento. Me dieron un seguimiento periódico y estaban muy atentos a mi situación personal. Una de las abogadas incluso me dio su número personal para que la llamara en cualquier momento. Fue un trato muy diligente", resumió Sigfrido, satisfecho.
Mensualmente, los bufetes Carlo Law Offices y Klayman & Toskes celebran seminarios gratuitos en el Hotel Vanderbilt en Condado para orientar a puertorriqueños que hayan sufrido pérdidas en sus inversiones en bonos del gobierno. El próximo será el 20 de febrero. Para registrarse, puede llamar al 787-398-6866.
*El entrevistado pidió no revelar su apellido para mantener la confidencialidad de su caso.
Este contenido comercial fue creado en su totalidad por Carlo Law Offices, P.S.C. y Klayman & Toskes, P.A. y distribuido por el Publishing Partner Program de BrandStudio. GFR Media BrandStudio no se responsabiliza por el contenido de esta publicación.
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