Esta es la primera vez que los bonistas de la Coalición acuden a los tribunales en contra del Gobierno, pues hasta la fecha, el grupo había intentado defender su causa por la vía de conversaciones y negociaciones voluntarias. (horizontal-x3)
Esta es la primera vez que los bonistas de la Coalición acuden a los tribunales en contra del Gobierno, pues hasta la fecha, el grupo había intentado defender su causa por la vía de conversaciones y negociaciones voluntarias. (Archivo/GFR)

El gobierno enfrenta a partir de hoy múltiples cuestionamientos por parte de sus acreedores, luego de que esta madrugada, la Coalición de Bonistas Principales de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) imputara a varios oficiales del gobierno incumplimiento y violación del contrato de tales bonos y reclamara que ha ocurrido un evento de impago.

De igual forma, la aseguradora municipal Ambac Assurance Corp., ha regresado nuevamente al tribunal con dos demandas contra Puerto Rico en las que cuestiona las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) relacionadas con la aprobación del plan fiscal y pide a la corte emitir un interdicto para que Puerto Rico no pueda invocar las protecciones del título III bajo PROMESA.

Tal y como adelantó El Nuevo Día, en una demanda de 61 páginas más anejos ante la corte de distrito federal de Puerto Rico, la Coalición solicitó un interdicto contra la administración de Ricardo Rosselló Nevares para evitar que los ingresos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) sean “expropiados” por el gobierno central.

Según los demandantes, una vez el gobierno incluyó en su base de recaudos los ingresos del IVU, ello representa un menoscabo de la propiedad que sirve de fuente de repago a los bonos emitidos por Cofina.

Esta es la primera vez que los bonistas de la Coalición acuden a los tribunales en contra del gobierno, pues hasta la fecha, el grupo había intentado defender su causa por la vía de conversaciones y negociaciones voluntarias.

“Solo un interdicto evitando que los demandados efectúen la expropiación del IVU dedicado de Cofina y de los bonistas de Cofina puede asegurar los derechos constitucionales de los demandantes”, reza la demanda de la Coalición, en la que se solicita el trámite expedito del recurso.

En marzo pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó un plan fiscal que inserta los recaudos del IVU dentro del pote de ingresos totales del gobierno. De ese pote, se pagarían los gastos operacionales, pero también el servicio a la deuda de sobre una decena de emisores de Puerto Rico. El plan fiscal contempla, en promedio, unos $800 millones para pagar a los bonistas en un plazo de 10 años.

Esa cifra ni siquiera representa una cuarta parte de lo que Puerto Rico debe pagar a los bonistas cada año. A manera de ejemplo, solo el pago de la deuda de Cofina en los años cercanos ronda unos $700 millones.

Factura inmediata de $16,000 millones

La ley de Cofina establece que los ingresos del IVU pertenecen a esa corporación y parte de esos recaudos permanecen en los fondos de reserva de esa corporación pública, mientras la diferencia se remite al Fondo General.

La movida del gobierno de incluir los recaudos del IVU en los ingresos totales fue criticada por todos los grupos de Cofina el año pasado, cuando la administración de Alejandro García Padilla tomó una acción similar.

Además, según la demanda, durante los pasados años y al presente, los oficiales de gobierno que dirigen Cofina están llamados por ley y contrato a defender esa entidad y como resultado, debieron objetar las movidas dirigidas a sacar los recaudos del IVU de la estructura de Cofina, pero ello tampoco ha ocurrido.

De aquí que según la Coalición, y a pesar de que este grupo de bonistas es el único que ha continuado recibiendo pagos, Puerto Rico ha entrado en un acto de impago contra los acreedores.

El reclamo judicial de la Coalición cambia el tono entre las partes, pues según la demanda, una vez se trastoca la garantía de los bonos Cofina y los directivos de la corporación no han defendido esa estructura de ataques del propio gobierno, Puerto Rico ha incumplido con las cláusulas del contrato entre las partes.

En el caso de Cofina, una declaración de impago implica que los más de $16,000 millones emitidos, quedan vencidos de inmediato, lo que podría resultar en una aceleración para el pago de inmediato de esa deuda.

Ambac pide interdicto contra título III, toda acción legislativa y el proyecto 938

Mientras, Ambac, la aseguradora de múltiples bonos de Puerto Rico, radicó temprano el martes dos demandas en las que asegura que es hora de parar un año de acciones ilícitas por parte del gobierno y más recientemente, por parte de la JSF.

Repetidamente, la aseguradora ha reclamado que Puerto Rico actuó en su contra una vez retuvo dinero de corporaciones públicas como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) y utilizó esos fondos para pagar gastos operacionales. Esto, en lugar de utilizarlos para el pago de la deuda constitucional. Los fondos en cuestión se identifican como aquellos sujetos a la cláusula constitucional de “claw back”.

“El gobierno y la Junta han violado los derechos constitucionales y contractuales de Ambac”, dice la demanda en la que se indica que tales violaciones se dieron con la aprobación de la Ley de Moratoria, las órdenes ejecutivas que se firmaron luego asociadas a ese estatuto, el plan fiscal e incluso, al no respetar lo que dicta PROMESA.

Según Ambac, dado que el plan fiscal certificado es contrario a PROMESA, la corte debe poner freno a cualquier solicitud que haga la JSF para permitir el uso del título III de la ley federal, pero también debe emitir un interdicto contra “cualquier legislación futura, reglamentos, presupuestos o planes de reestructuración basados en el plan fiscal ilegal”.

En su reclamo, Ambac pide quese anule el plan fiscal, al igual que se declaren inconstitucionales la Ley de Moratoria y la controversial Ley de Cumplimiento Fiscal (el proyecto cameral) 938, pues tales documentos se apartan de lo establecido en PROMESA, la ley federal que según la aseguradora plantea respetar el orden de pagos establecido en la Constitución de Puerto Rico.


💬Ver 0 comentarios