Llegan los bonistas a la corte federal (horizontal-x3)
Desde la perspectiva de los acreedores, empero, ni el Gobierno ni la AAFAF han hecho suficiente. (Archivo/GFR Media)

Desde hoy, el futuro de Puerto Rico comenzó a decidirse en el sistema de justicia federal al radicarse al menos dos demandas de bonistas y otros acreedores del gobierno.

Los recursos judiciales han sido presentados en contra del gobierno al terminar la disposición de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) que congelaba los procedimientos legales relacionados a la deuda. 

Específicamente, la aseguradora de bonos Ambac Assurance Corporation y un grupo de bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) aparecen en el registro electrónico del Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal con demandas radicadas esta madrugada.

En ambos casos parece retarse la validez legal de la recién creada Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal que, entre otras cosas, provee para que los fondos que de ordinario van a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), puedan ser usados por el Departamento de Hacienda en caso de que el gobierno central tenga una insuficiencia de dinero. 

Los bonistas de Cofina, representados por el abogado Rafael Escalera, piden una sentencia declaratoria y que se tomen medidas cautelares de modo que los bonistas no resulten afectados por las disposiciones de la ley que, según la demanda, viola los acuerdos entre el gobierno y los inversionistas. 

Ambas demandas utilizan como evidencia documentos oficiales del gobierno como minutas legislativas, videoconferencias, información legislativa y financiera del estado, e informes de análisis de inversiones de las principales casas acreditadoras. 

Según fuentes de este diario, entre los acreedores que acudirían a la corte figuran varias firmas de cobertura de riesgo que poseen bonos de Obligaciones Generales, los grandes fondos institucionales que poseen diversos tipos de créditos de la Isla, así como los bonistas principales de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“El que hayamos radicado esta demanda no significa que nos convertiremos en las personas y grupos que hemos criticado. Seguiremos siendo socios constructivos del Gobierno como lo hemos sido en los pasados 18 meses”, dijo a El Nuevo Día, Daniel Salinas, del estudio legal Quinn Emanuel, al confirmar a este diario que se proponía radicar en la madrugada de hoy un recurso a nombre de la Coalición de Bonistas Principales de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“Esta no fue una decisión fácil”, agregó Salinas al asegurar que sus representados han intentado por meses llegar a un acuerdo con Puerto Rico, tanto con la administración de Alejandro García Padilla como la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

Salinas y sus colegas en Quinn Emanuel son solo un puñado de la plétora de abogados y asesores financieros que, según fuentes de este diario, plantearán en corte a partir de hoy lo que alegaron sin éxito ante la AAFAF y la JSF durante los pasados meses, y en especial, durante el proceso de mediación que encabezó el juez retirado de bancarrota Allan L. Gropper,  que concluyó el viernes pasado.

Anoche, luego de que durante el fin de semana los bonistas de Cofina y aquellos de Obligaciones Generales (Ad Hoc-GO) indicaron públicamente que rechazaban la propuesta que les hizo el gobierno, el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela Franco, confirmó que un último intento con los acreedores tampoco había rendido fruto.

“Aunque todavía no hemos alcanzado un acuerdo en esta instancia, nuestras líneas de comunicación permanecen abiertas y damos la bienvenida a la oportunidad para otras discusiones”, dijo Portela en declaraciones escritas.

En síntesis, tal y como reveló El Nuevo Día hace más de una semana, la oferta hecha por la AAFAF y develada en la medianoche del pasado viernes, contempla un recorte de entre 50 y 60 centavos de dólar a ambos grupos de bonistas.

Según Portela, el gobierno ha negociado de “buena fe” con sus acreedores y, a futuro, espera llegar a acuerdos con otros grupos de acreedores, pero también indicó que “todos los cursos de acción permanecen en la mesa”.

Ofensiva en la calle y en la corte

Desde la perspectiva de los acreedores, empero, ni el gobierno ni la AAFAF han hecho suficiente. Por ello, ayer, diversos bufetes de abogados en Puerto Rico y Nueva York afinaban sus respectivas estrategias en la arena judicial.

Durante las pasadas dos semanas, tanto el grupo de Cofina como el Ad Hoc-GO presentaron varias propuestas a la AAFAF que no fueron contestadas y que se suman a una decena de ofertas y contraofertas que se dieron durante la incumbencia de García Padilla que tampoco llegaron a nada.

“La encomienda es prepararnos para un título III”, indicó una de las fuentes vinculada a los acreedores de la Isla, quien indicó que los asesores legales de varios grupos de bonistas llevan semanas preparándose para un escenario de quiebra.  Esto, ante la renuencia de la JSF a hacer cambios al plan fiscal a fin de dedicar más dinero al pago de la deuda pública.

Ayer, en el último día de la protección contra litigios que Puerto Rico ha disfrutado por ocho meses desde la creación de la JSF, la historia del territorio se escribía en dos planos.

En las redes sociales, la internet, estaciones de radio y televisión, se contaba la jornada en que miles de trabajadores se apropiaron por unas horas de las vías públicas en el distrito financiero de Puerto Rico para repudiar el programa de austeridad que impulsa la JSF y que aseguran que los dejará en la pobreza. Asimismo, armados con piedras, vallas y escudos de madera, algunas decenas de manifestantes convirtieron la protesta en una oportunidad para destruir propiedad privada.

En silencio, y fuera de las cámaras o micrófonos, en Nueva York y Puerto Rico,  los abogados pulían las demandas, los pedidos de sentencia declaratoria, interdicto y mandamus con los que, a partir de hoy, posiblemente, buscarán alterar las operaciones de un gobierno que no les ha pagado un centavo en el pasado año.

En tanto, cuatro fuentes consultadas por El Nuevo Día aseguraron que los integrantes de la JSF todavía no definen el camino a seguir a partir de hoy y que existen discrepancias entre estos y, a su vez, entre la Junta y el gobierno.

Según PROMESA, el ente que controla las finanzas públicas tiene poder para reclamar las protecciones del título III, pero ello no sería factible, a menos que la administración de Rosselló Nevares haga un pedido a esos efectos.

Listos para las demandas

“A pesar de que la suspensión de litigios vence hoy (ayer), nuestro interés sigue siendo llegar a un acuerdo consensual”, dijo a El Nuevo Día, el representante de Puerto Rico ante la JSF, Elías SánchezSifonte.

“Ese es el derecho que les asiste (a los bonistas) y el tribunal analizará las controversias que se le presenten”, agregó Sánchez Sifonte cuando El Nuevo Día preguntó si la administración Rosselló Nevares ha tomado medidas para lo que podrían ser decenas de reclamos en su contra.

“El Gobierno responderá y contestará cada planteamiento que se haga. El gobernador ya ha dicho que no descarta los mecanismos que tiene a su alcance”, agregó Sánchez Sifonte cuando se le preguntó si Puerto Rico solicitará a la JSF autorización para invocar el título III de PROMESA.

Hablan los bonistas de Cofina

Mientras el Gobierno y la JSF no han tomado una decisión, el Grupo de Fondos Mutuos Inversionistas Cofina parecía tomar la suya.

“El grupo de fondos mutuos Cofina ofreció propuestas de reestructuración, tanto globales como específicas a Cofina, que fueron esencialmente ignoradas por Puerto Rico y la Junta a pesar del hecho de que las propuestas ofrecían $4,200 millones en alivios al servicio de la deuda de Cofina y más de $15,000 millones de alivio al servicio de la deuda global, respectivamente”, dijo anoche el asesor en reestructuraciones Stephen Spencer, director de Houlihan Lokey.

Spencer, quien también participa de las negociaciones  en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asesora a tres de los principales bonistas institucionales de Puerto Rico, los que incluso poseen otros créditos del Gobierno: Oppenheimer Funds, Franklin Templeton Investments y Santander Asset Managers.

A invalidar el plan fiscal

“Por parte de los más grandes inversionistas de Puerto Rico, hubo un esfuerzo de buena fe para negociar un acuerdo de reestructuración consensual que simplemente no fue correspondido por el gobierno de Puerto Rico ni por la Junta”, reiteró Spencer.

“Me siento defraudado. Me sentí decepcionado y defraudado con la pasada administración y me siento igual ahora”, dijo el inversionista puertorriqueño José Rodríguez, quien encabeza la demanda incoada por la Coalición Cofina.

De acuerdo con Rodríguez, un empresario que invirtió sus ahorros en bonos Cofina para recibir los ingresos en su retiro, si Puerto Rico dejara sin efecto lo pactado contractualmente hace una década él y su familia, podría perder el 90% de su sustento.

“Hoy (ayer) somos Venezuela”, dijo Rodríguez al manifestar su pesar, tanto por las protestas en la calle que se dieron en la Isla  -y que le evocaron las manifestaciones recientes en el país suramericano- como por el futuro que le depara a él y a miles de puertorriqueños a raíz del impago de la deuda del Gobierno.

En la demanda que Rodríguez y sobre una decena de fondos de inversión radicaría hoy, los demandantes buscan proteger la estructura de Cofina. Esta establece que los ingresos del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) pertenecen a esa entidad y, por ende, a sus acreedores.

Para ello, en sobre una decena de remedios específicos, la demanda de la Coalición busca que el plan fiscal se modifique para que reconozca que los ingresos del IVU, según PROMESA, no pueden desviarse hacia otra entidad de gobierno.

En lugar de mantener segmentados los ingresos del IVU, el plan fiscal incluye esa partida dentro de la base de recaudos de donde se pagarían los servicios del gobierno y la deuda de todos los acreedores, explicó Salinas.

De igual forma, la demanda de la Coalición denuncia la existencia de un conflicto de interés e incumplimiento del deber de fiducia por parte de los oficiales del Gobierno y directivos de Cofina. 

Ello, porque a pesar de que otros grupos de acreedores han atacado la estructura de Cofina, a la fecha, ni la AAFAF, ni los directores de Cofina, también directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), han tomado acción alguna para defender la estructura creada por ley.

Por su parte, Salinas hizo claro que, si bien acuden al tribunal, la Coalición está disponible para llegar a un acuerdo con el Gobierno. “Eso fue cierto antes, eso cierto ahora, es cierto una vez radicada la demanda y también será cierto si el Gobierno decide utilizar las herramientas de PROMESA, incluyendo el título III”, dijo Salinas. 


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