Alcaldes respaldan propuesta para que municipios cobren y tasen (horizontal-x3)
El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, radicó el proyecto para reformular el CRIM a petición de los alcaldes. (Jorge Ramirez Portela)

Los alcaldes dieron la bienvenida a la propuesta para dejar en manos de los municipios la tasación y cobro del impuesto a la propiedad inmueble.

Sin embargo, de acuerdo con varios ejecutivos municipales novoprogresistas y populares entrevistados por El Nuevo Día, todavía se debate sobre cómo hacer viable la propuesta.

La crisis fiscal y la pérdida de $350 millones en subsidios del gobierno central a partir del 1 de julio de 2017 ha empujado a los municipios a buscar opciones que le alleguen dinero a sus arcas. Con ese fin, la Legislatura se dispone a trabajar un proyecto de ley para despojar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de la función de cobro y tasación del impuesto a la propiedad inmueble.

“Me parece bien ante la problemática que ha existido con el CRIM desde sus orígenes... Es meritorio que se descentralicen varias de las funciones del CRIM y recaigan sobre los municipios que tienen la infraestructura para ejercer esas funciones. Aibonito la tiene”, indicó el alcalde de este pueblo, William “Willie” Alicea Pérez.

El alcalde de San Germán, Isidro Negrón, quien fue miembro de la junta directiva del CRIM por ocho años, precisó que la ineficacia de esa corporación es patente cuando se ve su resultado.

Según estados financieros del CRIM de 2016, solo en propiedad inmueble, tiene $2,764 millones en cuentas por cobrar.

“Del 2000 para acá se le ha dado estabilidad al CRIM y confianza a la gente. Pero el cobro todavía es un área débil, porque no hay personal para cobrar las deudas morosas. Lo que se hacía era que se contrataba a alguien para que ese alguien atendiera todas las deudas del CRIM en el país. Hacía un esfuerzo, pero llegaba solo a las deudas grandes, y las pequeñas, que se podían cobrar rápido, se dejaban porque el target eran las grandes”, sostuvo.

Para Negrón, a los municipios no solo deben dejarles la tarea de tasar y cobrar, sino también la de embargar propiedades y cuentas. “Que podamos hacer esos cobros de deudas morosas y que no se conviertan en deudas incobrables. Aquellos municipios que no tengan esa capacidad, pues estamos dispuestos a poderlos apoyar y establecer consorcios”, precisó.

Pero precisamente la implantación de esta iniciativa parece ser el escollo inicial entre los alcaldes. Algunos favorecen los consorcios, otros, que no tienen la estructura municipal para asumir las tareas del CRIM, preferirían crearla, y algunos se inclinan por contratar una empresa privada.

El alcalde de Aibonito favorece los consorcios. A modo de ejemplo, dijo que mantiene uno con Comerío y Barranquitas para el otorgamiento de permisos. La oficina está ubicada en Barranquitas, que recibe el 50% de los recaudos, y el 50% restante se divide entre Aibonito y Comerío a base del municipio que emite el permiso. Este andamiaje, dijeron los alcaldes, no solo es práctico, sino que redunda en ahorros puesto que la operación de la oficina sale en $200,000 anuales. Ese es el costo de una oficina de esa naturaleza en cada municipio.

El alcalde de Comerío, Josean Santiago, apuntó a ese mecanismo como el idóneo para asumir las funciones del CRIM. Pero advirtió que hay un reto medular.

“Tiene que haber desprendimiento de los líderes porque, entra la discusión de (cuál de los municipios del consorcio dirige) la discusión, dónde va a ser la sede y quién hace los nombramientos, y eso requiere desprendimiento de los alcaldes”, advirtió.

Asimismo, dijo que, independientemente del modelo que se adopte, si finalmente se aprueba legislación para despojar al CRIM de algunas funciones, no se debe eliminar el Fondo de Equiparación, que permite la distribución de los recaudos con cierta equidad entre municipios grandes y pequeños, gracias a una fórmula.

Otros alcaldes como el de Adjuntas y el de Hatillo, Jaime Barlucea Maldonado y José “Chely” Rodríguez, respectivamente, prefieren adquirir la tecnología y el recurso humano para cobrar y tasar propiedad inmueble.

Rodríguez rechazó que esto sea un gasto en tiempos de austeridad. “Es una inversión. No va a ser un gasto recurrente. Una vez lo haga, queda ahí para el futuro”, afirmó.

“La intención del proyecto es buena, pero lo que tenemos que ver es cómo se va a implantar”, advirtió, por su parte, el alcalde de Adjuntas.

Su homólogo de Naguabo, Noé Marcano Rivera, dijo que “si hay municipios pequeños que no tienen esa estructura, se pudiese dar a través de contratación”.

“Buscar firmas privadas que hagan este trabajo. Hay varias maneras de hacerlo. Es una contratación que puedes hacer por contingencia, pago por lo cobrado”, sostuvo.

Ahora bien, recordó que en la reunión más reciente de la Junta Directiva del CRIM, el presidente y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, pidió un voto de confianza y se le concedió para poner en marcha su plan para lograr, utilizando la tecnología con apoyo de los municipios, que la corporación sea eficiente.


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