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La antigua Penitenciaría Estatal de Río Piedras, una estructura de carácter histórico y de reconocido valor arquitectónico, podría ser demolida si un estudio estructural determina que no es viable para ser parte de la proyectada Ciudad de las Ciencias.

Esa es una de las opciones que podrían ejecutarse en torno al imponente edificio conocido como “El Oso Blanco”, indicó el licenciado Iván Ríos Mena, director ejecutivo del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología (FCT), a quien el gobierno le transfirió la propiedad en 2007, tres años después que cesó de ser una prisión activa.

Por otra parte, el “Oso Blanco” está incluido en el Registro Nacional de Sitios Históricos de Estados Unidos, lo que podría tener el efecto de impedir que la Ciudad de las Ciencias, cuyo costo se proyecta en $350 millones, reciba fondos federales en caso de que el edificio se afecte adversamente, explicó la arqueóloga Diana López Sotomayor, directora ejecutiva de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH).

Sin protección local

Por otra parte, la directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Lilliana Ramos Collado, confirmó que la antigua penitenciaría no figura en la Lista de Lugares y Edificios Históricos de la Junta de Planificación, actualizada en el 2009.

La otra posibilidad -dijo el licenciado Ríos Mena- es que el edificio sea remodelado y se convierta en pieza central de la Ciudad de las Ciencias que el FCT planea desarrollar en el predio de 69 cuerdas en las que se construirán edificios adicionales.

Se le preguntó directamente a Ríos Mena si existe la posibilidad de demoler el edificio en caso de que el estudio estructural demuestra que no es seguro o que no es mínimamente costo-eficiente su restauración.

“Todas esas posibilidades son precisamente el objetivo de estos estudios, ver la viabilidad de todos estas opciones pero necesitamos, para ser responsables, tener a la mano esas conclusiones”, respondió el director ejecutivo del FCT. El estudio estructural tiene un costo de $298,000, según el FCT.

A la pregunta específica de si tienen la intención de preservar la instalación por su carácter histórico, Ríos Mena contestó que “el plan maestro (para el desarrollo de la Ciudad de las Ciencias) contempla esa opción y estaremos tomando la determinación de acuerdo a lo que arrojen esas estudios”, por lo que dejó todas las opciones abiertas.

Ríos Mena rechazó que ya se hubiese comenzado un proceso de demolición “desde adentro” como se había alegado a través de las redes sociales.

El Nuevo Día recorrió parte del interior de la institución junto a Ríos Mena y personal de MP Engineers, que tiene a su cargo el proyecto, y no se vio evidencia de maquinaria o trabajos de demolición.

“La propiedad está tal como se transfirió al Fideicomiso”, dijo Ríos Mena.

El edificio, construido en hormigón e inaugurado en 1933, está en estado ruinoso y en muchas áreas se ven varillas explotadas.

Además del estudio estructural, a cargo de FEF Group, se están realizando trabajos para determinar la presencia de asbesto y plomo, algo que el ingeniero Francisco Solá, de MP Engineers da por sentado.

“Sin tener los detalles del estudio, obviamente se espera que haya asbesto y plomo por los años de construcción”, sostuvo Solá.

Ya hay técnicos trabajando en la detección de asbesto y plomo, aunque este diario no los vio durante el recorrido. El estudio estructural todavía está en la fase preliminar, explicó Solá. Se espera que los estudios ambientales y el estudio estructural estén concluidos entre octubre y noviembre.

Flexible la regla federal

“La inclusión (en el Registro Nacional Federal) no establece obligatoriedad legal de ningún tipo”, sostuvo López Sotomayor, la directora ejecutiva de la OECH.

La entidad estatal está adscrita a la Oficina del Gobernador, pero por ley tiene funciones de promoción y protección relacionadas con los lugares y estructuras incluidas en el Registro Nacional de Sitios Históricos.

“Estar en el Registro no impide que el propietario realice gestiones que considere necesarias”, dijo.

“Pero si lo que se va a hacer requiere fondos federales, entonces sí se requiere pasar por esta oficina y los fondos pueden ser denegados”, dijo López Sotomayor.

Asimismo, López Sotomayor señaló que la ley federal sobre sitios históricos dispone que “si se entiende que una demolición se hizo en anticipación y con la intención de solicitar posteriormente fondos federales también se pueden denegar los fondos federales”.

Precisamente, el licenciado Ríos Mena incluyó los fondos federales como una de las fuentes para el financiamiento de la Ciudad de las Ciencias. “Hay un abanico de posibilidades de fuentes, asignaciones, alianzas con industrias privadas, ingresos recurrentes, fondos federales, privados”, mencionó.

En cuanto a la reglamentación local, Ramos Collado sostuvo que cuando un propietario va a construir o demoler en las estructuras que están incluidas en la Lista de Lugares y Edificios Históricos de la Junta de Planificación, tiene que pasar, dentro del proceso de solicitud de permisos, por una recomendación del ICP. “Tienen que pedir al ICP que se exprese y el ICP inspecciona y emite opinión que se toma en alta consideración”, sostuvo. Sin embargo, la ausencia del Oso Blanco del listado lo dejaría sin ese cedazo, admitió.

Enlazado con el gobierno

El FCT, constituido en 2004 a pesar de ser una entidad privada, está íntimamente ligado al gobierno al punto que recibe millones de dólares de fondos públicos y el presidente de su Junta de Fiduciarios, por ley, es el secretario del Departamento de Desarrollo y Comercio (DDEC).

El FCT tiene un presupuesto anual de $19 millones y cuenta con cerca de $70 millones en caja, según Ríos Mena. La entidad recibe anualmente $5 millones del arbitrio del ron, $4 millones de un fondos de investigación de la Universidad de Puerto Rico y fondos de Fomento Industrial.

Según el secretario del DDEC, Alberto Bacó, su misión es “florecer una industria de ciencias y tecnología que redunde en una economía abundante y en creación de empleos”.


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