La conservación de, al menos, un 30% de los terrenos de Puerto Rico dentro de la próxima década –un objetivo que comparten sectores ambientalistas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las herramientas de planificación vigentes en el país– continúa enfrentando un camino espinoso, cerca de siete años después de que se declararan las últimas reservas naturales y ante la inminente aprobación de un Reglamento Conjunto de Permisos que, según algunos expertos, facilitaría el desarrollo de proyectos de construcción en áreas sensitivas.